Analizan en la Legislatura un proyecto para que obras sociales cubran tratamiento por obesidad

Un grupo de padres de entidades intermedias acercó a la Legislatura documentos con miles de firmas solicitando que Chubut adhiera de una vez a la ley nacional de trastornos alimenticios, que entre otras cuestiones, establece que las obras sociales deban brindar tratamiento a los problemas de obesidad.


El diputado Carlos Lorenzo presentó la iniciativa a comienzos de junio.

Esto fue acercado a la Comisión de Salud que preside el justicialista Miguel Montoya, quien reconoció la necesidad de abordar el tema.

Explicó el diputado que «se puede adherir a la ley nacional dejando claramente en la reglamentación su aplicación, porque si no sería abstracta, y si pudiéramos mejorarla podríamos tener una legislación propia» aunque dejó en claro respecto a las obras sociales, como el caso de Seros, que «con los mismos recursos queremos cubrir todas las necesidades de la vida moderna» explicando que «con el mismo descuento queremos cubrir todas las problemáticas de hoy».

Señaló en ese sentido que con las leyes actuales que rigen el funcionamiento de las obras sociales y el porcentaje de descuento, «datan de la década del 50, cuando muchas de estas cosas no se conocían o no se trataban como problemáticas de salud» por lo que opinó que «o tenemos que sacar recursos de otros lados para reforzar las obras sociales, o puede haber para problemáticas especiales, un subsidio del Estado».

Para Montoya «es bastante notorio que en la Argentina viene creciendo este problema de la obesidad en adolescentes y en personas grandes y comparado con otros lugares del mundo donde esto es una constante, vemos las consecuencias en la salud, no sólo en la parte cardíaca, sino en la ósea y otros trastornos como el colesterol».

Indicó que a su parecer «esto tiene que ver con esta cultura de la comida chatarra, la falta de tiempo para una alimentación sana, sobre todo en los hábitos alimenticios de los niños» por lo que dijo «las cuestiones de salud no debieran ser tomadas como un gasto», y en alusión a las firmas juntadas, reconoció que «hay grupos de padres en algunas entidades sin fines de lucro, pero les cuesta conseguir resultados, ya que el Estado va siempre detrás de los problemas más urgentes, y en estos casos las consecuencias se ven recién dentro de varios años».

Fuente: Diario El Chubut

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