Prepagas en un mar en ebullición

La reglamentación de la ley que regula a las financiadoras de la salud dejó sin reglas claras a las empresas del sector. En el ámbito de la medicina privada, aseguran que se profundizará la concentración que se viene registrando en los últimos años.

La reglamentación a la ley de la medicina prepaga profundizó la preocupación en las empresas del sector, según las cuales acentuará la tendencia a la concentración, y dejó al sector bajo un mar de incertidumbre.

Ahora, las firmas de medicina prepaga esperan que la Superintendencia de Servicios de Salud ponga alguna claridad donde la reglamentación de la ley 26.682 sólo genera dudas y cuestionamientos.

A fines de noviembre pasado, se publicaron en el Boletín Oficial los decretos 1991 y 1993, que reglamentan la ley de la medicina prepaga, que amplía los beneficios para los usuarios, pero que acota las posibilidades de ajustar las tarifas a lo que determine la Secretaría de Comercio Interior, a cargo del polémico Guillermo Moreno.

Las normas ponen en este paraguas regulatorio a empresas privadas, obras sociales, cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones que presten servicios de salud.

Pero dejan un amplio margen a la Superintendencia de Servicios de Salud para que determine cuáles serán las bases del nuevo mercado de la salud en Argentina. El problema es que todavía no hay definiciones, ni siquiera mínimas.

La medicina prepaga es un fenómeno en crecimiento (ver aparte). En el sector se estima que existen unas 300 empresas, aunque la cifra podría llegar a ampliarse hasta casi 1.500 si se incluyen cooperativas, mutuales y fundaciones.

La ley de medicina prepaga y sus decretos reglamentarios establecen la posibilidad de que una prepaga imponga tarifas hasta tres veces más caras que la prestación más barata, según la edad del nuevo afiliado. Las subas por encima de esa posibilidad, dependen de la autorización de Moreno.

Además establece tres categorías de enfermedades (catastróficas, crónicas y temporarias), cada una de ellas deberá tener su tarifa, pero no establece valores.
En torno a las carencias, sólo podrán aplicarse a prestaciones por fuera del Programa Médico Obligatorio (PMO).

Además, determina entre otras cosas la necesidad de que las prepagas se inscriban en un registro (que tampoco fue reglamentado) y que sus cuentas sean auditadas.

“La reglamentación no nos ha sorprendido. El problema es que no está operativa. Falta una gran cantidad de información que hoy el sector no tiene”, asegura Federico Díaz Mathe, director ejecutivo de la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales de la República Argentina (Cimara), entidad que reúne a las 25 empresas de la salud pública, entre ellas a las principales prepagas del país.

El problema que más preocupa es que, de continuar con el control de los precios de los servicios por parte del Gobierno, no podrán hacer frente a costos que crecen a más velocidad.

Mauricio Pompei, gerente general de GEA Medicina Prepaga, una empresa que tiene ambas patas del negocio (es financiador y a la vez prestador), asegura que este año los costos subieron 35 por ciento, mientras que los aumentos autorizados por la Secretaría de Comercio Interior apenas llegaron a 25 por ciento.

“Los prestadores médicos no tienen impedimento en aumentar los precios; lo mismo pasa con las prótesis y los fármacos. En cambio las prepagas no pueden ajustar de la misma manera los valores de sus planes”, asegura el directivo.

Concentración. Según Díaz Mathe, este fenómeno profundizará la concentración que se viene registrando en los últimos años, ya que terminará afectando el futuro de las Pyme. “No está claro cómo una pequeña prepaga va a enfrentar prestaciones de enfermedades severas, cuyos tratamientos en algunos casos pueden llegar a valores de 300 a 500 mil pesos”, indica el directivo.

Para Marcos Lozada Allende, socio gerente de Sanatorio Allende, que tiene dos prepagas MET y Sipssa, y presidente de la Cámara Empresarial de la Salud en Córdoba (Caescor), este fenómeno de la concentración es parte de una tendencia que se viene registrando en todo el mercado de la salud.

Para el directivo, es tal la indefinición que ha dejado la reglamentación de la ley que “en el sector nadie sabe si es un salvavidas de plomo o una normativa que dará sustento al sistema de salud privado”.

Al respecto, opina: “Cuando nació Sanatorio Allende, se juntaron cinco médicos, alquilaron una casa y hacían medicina. Cuando abrió el edificio en el Cerro de las Rosas lo hizo ofreciendo baja complejidad y en cinco meses ya teníamos 150 médicos y 42 servicios. La tecnología y la especialización que necesita la medicina de hoy, sumado a que el Estado incorpora cada vez más prestaciones, hacen que a la medicina hoy sólo puedan prestarla aquellos que tienen una espalda financiera importante”.

Las incógnitas

  • Valores. Nadie sabe los criterios con los que se fijarán los valores de las tres categorías de enfermedades establecidas: catastróficas, crónicas y temporarias.
  • Ajustes. Tampoco se sabe qué margen habrá para el ajuste en los precios cuando se preste un nuevo servicio o se agregue alguna atención compleja.
  • Requisitos. La norma establece la creación de un registro en el que se tendrán que inscribir las prepagas, pero no están claros los requisitos, cuándo se hará o cuánto tiempo fijará el Estado para que las prepagas se adecúen a la nueva norma.
  • Carencias. También se desconoce qué tipo de pacientes y a qué prestaciones se podrán aplicar los tiempos de carencia.
  • Nuevos afiliados. La reglamentación de la Superintendencia de Servicios de Salud tendrá que determinar también qué tipo de patologías cubrirá a los nuevos afiliados.
  • Castigos. Resta definir qué se hará frente a los malos prestadores.

Fuente: La Voz del Interior

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