La sanción a la transnacional farmacéutica Glaxo SmithLine (GSK), despertó duras repercusiones en todo el sector sanitario de Argentina.
Desde el Presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la Argentina (FESPROSA), aseguran que vienen denunciando estas actividades, y calificaron a este como “la punta del iceberg de corrupción” en la materia.
Por su lado, el senador Luis Juez, que rechazó el proyecto cuando era intendente de la provincia de Córdoba, aseguró que “somos todos ratas” de los laboratorios.
La multa aplicada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) al laboratorio multinacional GlaxoSmithKline (GSK) despertó fuertes críticas en todo el sector sanitario, que acusó a la Industria Farmacéutica de comportamiento abusivo, en parte por la falta de controles sobre la actividad biomédica.
Desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la Argentina (FESPROSA) recordaron que vienen denunciando la actividad de este y otros laboratorios, y que este caso es “la punta del iceberg”. En tanto, un senador nacional aseguró que en la materia “somos ratas”.
La sanción de un millón de pesos para Glaxo y dos médicos por irregularidades en el estudio de una vacuna en la zona de Cuyo es una de las más altas de la historia de la Argentina.
La investigación comenzó en 2007, cuando el protocolo para investigar una vacuna contra la neumonía adquirida y la otitis media aguda generó una serie de muertes dudosas. Por este estudio, la ANMAT multó a la firma, sanción que esta semana fue confirmada por el juez en lo penal económico, Marcelo Aguinsky, quien rechazó los argumentos de los apelantes.
De inmediato, el mundo sanitario salió al cruce de este hecho, y criticó la situación de los estudios a nivel local. El titular de la FESPROSA, Jorge Yabkowski, comparó la situación descrita en la novela de John le Carré “El Jardinero Fiel”, que denuncia la manipulación de la Industria en África. “Para quienes piensan que eso ocurre solo en África tenemos que decirles que no es así. Los bebés muertos en Santiago del Estero, que denunciáramos en el 2007, fueron apenas la punta de un iceberg de corrupción”, denunció, mediante un comunicado.
En ese caso, Yabkowski le apuntó al ministro de Salud de la Provincia y al gobernador Gerardo Zamora, que “avaló ese estudio con decretos gubernamentales”, y también cargó las tintas contra el jefe principal del equipo investigador, Miguel Tregnaghi: “fue expulsado de Córdoba por el entonces intendente Luis Juez y recaló en la provincia norteña donde, a cambio de los jugosos euros de la multinacional Glaxo, cometió toda clase de tropelías contra la ética de la investigación”.
Según el gremialista, este médico -que fue uno de los profesionales multados -“inventó consentimientos de pacientes analfabetos, amenazó a madres que no iban a los controles, impidió que los médicos del hospital de Niños atendieran a los pacientes bajo protocolo, falleciendo varios con retardo de la atención”. la FESPROSA lo denunció en el 2007 ante la ANMAT, y financió el viaje a Buenos Aires de los familiares damnificados.
“Tregnaghi nos hizo juicio por calumnias e injurias y lo perdió. Glaxo intentó reunirse con nosotros, invitación que rechazamos prolijamente”, recordó.
Por su parte, el actual senador Luis Juez, que rechazó la aplicación del protocolo en Córdoba capital cuando era intendente y tuvo un juicio con el infectólogo Tregnaghi , no ahorró críticas al sector: “somos ratas”.
“Durante la gestión del intendente menemista Germán- Kamerath se utilizó el hospital infantil como un gran laboratorio de pruebas, para probar vacunas que de otra manera los laboratorios privados no tendrían cómo experimentar, con la población infantil de la Ciudad de Córdoba, utilizando personal de la municipalidad”.
El senador cordobés hizo memoria y subrayó que la denuncia en su momento había sido presentada por la Pastoral Social de esa provincia “en la que muchas criaturas habían tenido dificultades”.
Esto generó a su vez una investigación administrativa donde se sancionó a 12 médicos del Centro de Desarrollo de Proyectos Avanzados en Pediatría, y que podría ser similar a lo ocurrido en nuestra provincia, añadió.
El senador nacional señaló que el estudio fue aplicado en el Hospital Infantil de Córdoba porque éste trabaja “con la capa social más desprotegida” de la capital. “El cien por ciento de los casos que estaban bajo el protocolo eran criaturas muy vulnerables”, recalcó. Por eso, Juez señaló que fue difícil reconstruir los casos ya que se trata de gente muy humilde y con escasa instrucción educativa.
“Esto genera increíbles dividendos. Son cientos de miles de dólares el probar una vacuna de éstas. Los grandes laboratorios lo usan en los países del África Meridional. Somos ratas, donde un puñado de tipos con muchos recursos utilizan a la población vulnerable para probar vacunas”, graficó.
En tanto, la FESPROSA reclamó más controles, y que las sanciones no sean sólo económicas. “Sólo se les aplican sanciones administrativas, que para las empresas no representan ninguna amenaza. Están exentas de un juicio penal”, explicó Yabkowski.
De acuerdo a los planes del laboratorio extranjero, el objetivo de esta investigación consistía en crear una vacuna de última generación que cubriera hasta 85 por ciento de los serotipos de neumococos existentes en la región. Por eso, también formaron parte del estudio las provincias de Mendoza, San Juan y Santiago del Estero.
El proyecto, denominado Compas (Estudio de Otitis Media Clínica y Neumonía) incluyó en la provincia a Guaymallén, Godoy, Cruz, Capital, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo.
La inmunización se aplicó en bebés de seis a dieciséis semanas de vida en los centros cabecera y en el vacunatorio de San Martín.
En ese momento, el Ministerio de Salud de Mendoza, el Comité de Ética del hospital Humberto Notti, el Comité Nacional Independiente de Ética “Virgilio Foglio” y la propia ANMAT dieron su aval. La vacunación estuvo programada en cuatro dosis: la primera a los dos meses de vida, la segunda a los cuatro meses, mientras que la tercera era a los seis meses y la cuarta a los 18 meses de vida.
Un requisito indispensable para acceder a las dosis gratuitas era que los niños estuvieran sanos. Los padres debían firmar un consentimiento informado luego de ser asesorados a cerca de los detalles de la investigación y de la vacuna.
Otra exigencia era el control posterior de los pacientes, aspecto que luego se comprobó, no se cumplió al ciento por ciento. “Se advirtió una falta de seguimiento y registro adecuado de los eventos adversos ocurridos durante el estudio que permitiera descartar la seriedad de los mismos”, dice textual el dictamen del ente regulador.
Entre las conclusiones de la ANMAT también se detalla que en diferentes oportunidades se vacunó a los niños a pesar de que los papeles no estaban completos. Además, se detectó la vacunación de un niño cuya madre se habría negado a participar del estudio y la aplicación de la dosis a otro pequeño antes de que su tutor firmara el consentimiento.
A los inconvenientes enumerados en el fallo se suma la “inadecuada documentación de filiación de los sujetos”. Esto significa que faltó documentación que avalara la edad de la madre así como su vínculo como progenitoras.
En agosto de 2008, la ANMAT había puesto la lupa sobre el proyecto Compas tras investigar la muerte de cinco niños mendocinos, siete de Santiago del Estero y dos de San Juan, a todos los cuales se les había aplicado la vacuna experimental que ayer volvió a ser motivo de polémica.
En ese entonces, la incertidumbre sobre lo ocurrido obligó a suspender el experimento en la provincia norteña. En tanto que en Mendoza, el programa continuó y el Ministerio de Salud salió a aclarar que todos los meses el área recibía un informe con los avances del proyecto y descartó que los fallecimientos tuviesen vínculo con la vacuna.
Fuente: Mirada profesional
