El impacto macroeconómico en el financiamiento de la seguridad social en Argentina


Por Andrea F. Mac Donald (*)

I. INTRODUCCIÓN
En Argentina, el sistema de la seguridad social ha sufrido transformaciones de importancia producto de los constantes reclamos y necesidades de los trabajadores a raíz de las inseguridades que ponen en peligro su integridad y las que se manifiestan en los infortunios y accidentes laborales.

Es así como las políticas públicas ocuparon un lugar principal en las discusiones desarrolladas en la década del noventa y lo mismo ha acontecido en el mercado de trabajo que, bajo la influencia de la globalización y de la flexibilización laboral, también ha sufrido cambios de importancia en los últimos tiempos.

Nos ocuparemos en el presente trabajo sobre cómo se distribuye el gasto en la salud en Argentina, su medición y las variables macroeconómicas que se emplean en su medición y cuáles son los recursos que se utilizan y cómo se emplean en su distribución a todos los sectores sociales como así también del actual sistema provisional argentino.

II. EL GASTO EN SALUD EN LA ARGENTINA. SU MEDICIÓN Y PROBLEMÁTICA. SU RELACIÓN CON EL PBI
Invertir en salud es una de las misiones que está a cargo del Estado. Reviste complejidades, inconvenientes, porque entraña la distribución del ingreso, que recepta el Estado. Ello equivale a que en Argentina esa misión no se esté cumplimentado del modo en que siempre se ha esperado por parte de la PEA (población económicamente activa), que se compone por todos los habitantes activos y por quienes no poseen empleo pero que están en busca del mismo.

Desde el punto de vista macroeconómico, el gasto significa erogación o pérdida de algo a lo cual nadie puede sustraerse, puesto que todos somos consumidores y usuarios de la salud y es uno de los derechos plasmados en nuestra Constitución Nacional en su art.42 .

El gasto en salud involucra todos aquellos gastos comprometidos de forma directa o indirecta con la consecución de objetivos genéricos del bienestar o la calidad de vida relacionada con la salud. Sin embargo, gasto en salud es algo más que dinero, involucra el desafío de querer traducir a una unidad común y a una variable continua sobre el sistema de salud.

López, Valcárcel y Fort establecen criterios para saber qué se entiende por gasto en salud:
1. el que corresponde a los bienes y servicios prestados por el personal de salud acreditado;
2. el que se financia o administra por parte de las instituciones sanitarias así declaradas o bien por entes con algún tipo de responsabilidad en materia sanitaria.

En cuanto a sus componentes el gasto en salud incluye el consumo privado de cuidado médico: hospitalario, ambulatorio, medicamentos, recursos terapéuticos, otros beneficios asegurables (excepto contraprestaciones monetarias por la enfermedad) y prestaciones públicas, incluyendo servicios preventivos y de salud pública, administración y regulación.

Uno de los problemas que se presentan a nivel macroeconómico es en cuanto a la medición del gasto en salud y el mismo se ha concentrado sobre dos grandes controversias según BERMAN (1). La primera gira en torno al alcance del gasto nacional de salud, a las categorías y las definiciones para ser usadas y al marco teórico con que se opera. La segunda se refiere a los métodos usados para discriminar las estimaciones según ítems o categorías particulares de gasto. Las cuestiones en debate en la medición del gasto en salud que se plantean son las siguientes:

  • imitaciones en la clasificación del gasto;
  • limitaciones derivadas de los modelos de financiamiento;
  • problema de los deflactores;
  • provisionalidad de los resultados( aquí se dan la espacialidad y la jurisdicción del gasto y dificultades en la construcción de proyecciones).

Según TOBAR manifiesta,
«el principal problema de medición estriba en la comparabilidad (homogeneidad) que deben reunir los diferentes datos de gasto.Es decir si se quiere comparar, para un mismo año (corte transversal) el gasto de diferentes países, o si se quiere construir series de tiempo dentro de un mismo país (corte longitudinal), ó si la comparación se hará por funciones, por subsectores, por fuentes de financiación, por grupos de población, zonas geográficas, etc. Esto plantea el requisito de una definición conceptual precisa del gasto en salud antes de su operacionalización» (2).

Es importante señalar que para analizar el gasto en salud es necesario hacer expresa mención de cuáles son las principales herramientas para evaluar la medición del gasto en salud teniendo en cuenta:

  • 1. El consumo final en el interior del país, de bienes y servicios médicos y sanitarios -que incluye el consumo final de las familias en bienes y servicios médicos y sanitarios-.
  • 2. El gasto público en sanidad, que es la suma de cinco rúbricas: a) consumo final de las administraciones públicas de servicios de sanidad; b) prestaciones sociales en dinero y en especie suministradas a las familias por las administraciones públicas para atender necesidades médicas y sanitarias; c) transferencias corrientes a otros sectores institucionales, para gastos de funcionamiento de instituciones sanitarias; d) formación bruta de capital fijo en sanidad (inversiones); y e) transferencias de capital de las administraciones públicas a otros sectores institucionales para financiar inversiones sanitarias.
  • 3. Gasto total en sanidad en el interior del país que se calculará por la suma del consumo final en el interior, de servicios médicos y sanitarios, formación bruta de capital fijo en sanidad de las administraciones públicas y formación bruta de capital fijo en sanidad del sector privado.

En el modelo del seguro social, que tiene sus orígenes desde la era de Bismark, se ha registrado una mayor participación relativa de la fuente «contribuciones sociales» dentro del gasto total en salud del país.En el modelo universalista o de sistemas nacionales adquiere mayor peso relativo el gasto financiado con recursos fiscales; mientras que en el modelo de seguros privados -que es el más orientado al mercado- predomina el financiamiento privado, sea por pago de primas y mensualidades o por el desembolso directo de las familias.

Aquí observamos en el presente cuadro cómo se componen las fuentes de financiamiento de acuerdo al modelo que elige cada país del sistema de salud, teniendo en cuenta la distribución del ingreso en función de los recursos fiscales, las contribuciones, las primas y el reembolso directo.

Para algunos autores la exactitud de la medición del gasto en salud en cada país estará condicionada por la organización del sistema de salud, en tanto que si se destaca un modelo universalista los esfuerzos deberán concentrarse en la exactitud del registro del gasto público. Donde predomine un sistema de seguros sociales el foco de la atención recaerá sobre el gasto de las instituciones prestatarias o aseguradoras, el cual en su mayoría es financiado a través de contribuciones y aportes sociales.

Desde el enfoque macroeconómico, para poder comparar la medición del gasto del salud con otros países, se emplea el año base para referir la serie de datos presentados y una vez que se actualizan los valores históricos a la fecha referida se calcula el equivalente del gasto nacional en dólares norteamericanos según el valor de cambio en el momento establecido. Es lo que se denomina Paridad del Poder Adquisitivo (PPA).

En Argentina, el sistema de salud posee una estructura basada en tres subsistemas con una cobertura y un financiamiento acordes a las necesidades de cada sector de la sociedad:

  • 1. Público. Tiene una cobertura universal que atiende en su mayor parte a los sectores de la sociedad que tienen bajos ingresos. En materia de financiamiento existen ingresos provenientes de impuestos o recursos fiscales y que se llevan a cabo mediante los gobiernos, en los tres niveles de jurisdicción:la Nación, las provincias y los municipios.
  • 2. Del seguro social. Tiene como cobertura a los sectores medios, integrados al mercado formal de trabajo. En cuanto a su financiamiento, los ingresos provenientes de aportes y contribuciones con base en salarios son transferidos a las obras sociales; tanto sean ellas nacionales, provinciales, municipales u otras pertenecientes a universidades o cuerpos legislativos.
  • 3. Subsector privado. Tiene como cobertura a los grupos de mayores ingresos, se proveen de servicios a través de la compra directa y voluntaria de los mismos en el mercado o de la contratación de seguros privados. En cuanto a su financiamiento, se encuentra el gasto privado o gasto de las familias, que está constituido en pagos directos y en cuotas de seguros voluntarios.

 

En cuanto a la evolución del gasto en salud en Argentina durante el período 1995-1999, fue el siguiente:

Aquí observamos cómo ha ido evolucionado el gasto en salud en Argentina, el cual tuvo un incremento del 7,5%, lo que representa un promedio para dicho período del 2,1% anual. Se denota además que el ritmo evolutivo ha sufrido altibajos dado que para el período 96/97 se verifica un incremento del 4,7% y para el período 98/99 hubo un decrecimiento del 1% pero el crecimiento promedio en el gasto para el período considerado es sustancialmente superior al crecimiento vegetativo de la población como ocurre en todo el mundo.

III.LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera a la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) como «La protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte y también de la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos».

UZCÁTEGUI DIAZ considera que el financiamiento de la seguridad social es el conjunto de medidas adoptadas por el sistema a fin de proveerse de los fondos o recursos necesarios para su funcionamiento.

Las fuentes de financiamiento de la seguridad social son, por lo general, las siguientes:

  • 1. Los impuestos especiales o asignados a la seguridad social.
  • 2. La participación del Estado (recursos propios).
  • 3. La participación de otras autoridades estatales (ej. municipales y provinciales).
  • 4. Las cotizaciones de los asegurados.
  • 5. Las cotizaciones de los empleadores.
  • 6. Las rentas de capital y otros ingresos.

Se denominan «prestaciones contributivas» a aquellas que son financiadas con aportes de los propios beneficiarios (generalmente como un porcentaje del salario de los trabajadores activos) y de los empleadores.

Según consideró la OIT en el año 2001, las prestaciones no contributivas son aquellas cuyos fondos se obtienen de recursos provenientes de rentas generales. De todos modos, existen algunas prestaciones que se financian tanto con recursos contributivos como no contributivos. En algunos casos, el Estado también aporta al régimen de seguridad social, ya sea según una fórmula determinada o mediante subsidios, por ejemplo, para cubrir algún déficit temporal.

En cuanto a la Prestación por Desempleo en la Argentina fue implementada a través de la Ley 24.013 en 1991 y es claramente una política con financiamiento contributivo.Proviene de cotizaciones de los empleadores y de los beneficiarios de haberes previsionales que están en actividad y de recursos fiscales extraordinarios provenientes del Estado. La prestación es obligatoria para todos los trabajadores cuyo contrato se rija por la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744 ), con excepción de los trabajadores comprendidos en el Régimen Nacional del Trabajo Agrario, los empleados del servicio doméstico, la Administración Pública nacional, provincial y municipal, los establecimientos privados de enseñanza, el personal docente de la educación superior de instituciones universitarias privadas reguladas de conformidad con la Ley 24.521 , los contratados bajo la modalidad de pasantías, los trabajadores que perciben prestaciones previsionales (excepto pensiones contributivas directas o derivadas por fallecimiento) y los beneficiarios del Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, los programas de empleo o de cualquier otra prestación no contributiva. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social tiene a su cargo la administración y gestión del Fondo Nacional de Empleo (FNE), mientras que la gestión del otorgamiento de las prestaciones está a cargo de la ANSeS.

Para acceder a la Prestación por Desempleo debe haberse aportado al menos seis meses al FNE, estar disponible para ocupar un puesto de trabajo adecuado y haber perdido el trabajo por alguna de las causas consideradas como situaciones legales de desempleo.

Como en todos los sistemas de seguro de desempleo, los trabajadores del sector informal no son población elegible de la prestación. Por ello, el alto grado de precariedad laboral en Argentina limita la aplicabilidad de la prestación.

Dentro de las prestaciones familiares se encuentran las denominadas asignaciones familiares, que son un gasto contributivo ya que se financian a partir de contribuciones vinculadas al trabajo y alcanzan a todos los trabajadores del sector formal, a los beneficiarios de la Ley de Riesgos del Trabajo y a los del seguro de desempleo. Están administradas por la ANSeS.

El actual régimen general de las asignaciones familiares fue instituido por la Ley 24.714 , de 1996.Mediante esta ley se reformó el sistema vigente hasta entonces por uno más equitativo, que establece montos decrecientes para las asignaciones familiares de acuerdo al salario y se excluye de los beneficios a aquellas personas con salarios mayores al tope establecido. Actualmente, la liquidación y el pago de las asignaciones se hace efectiva mediante la ANSeS a través del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Durante la década de los noventa, el gasto en asignaciones familiares representó entre 0,40% y 0,80% del PIB, con fuertes oscilaciones, especialmente en períodos inflacionarios, a causa del mecanismo discrecional con que se actualizaron los beneficios. De todos modos, el pago de asignaciones familiares ha ido creciendo de manera gradual en el último lustro como consecuencia del crecimiento de la economía y el empleo formal. Mientras que en 2006 representaban aproximadamente el 0,52% del PIB, para 2009 este monto superaba el 0,82% del producto.

Aquí observamos las erogaciones de las asignaciones familiares y su evolución durante el período comprendido 2005-2009, basados en una de las variables macroeconómicas como el PBI (Producto Bruto Interno) teniendo en cuenta las asignaciones contributivas (activos) en pago directo, las asignaciones familiares contributivas compensadas y las asignaciones familiares no contributivas (pasivos).

IV. LA SALIDA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN Y LA VUELTA AL RÉGIMEN DE REPARTO. EL SIPA (SISTEMA PREVISIONAL ARGENTINO)
Sin dudas uno de los cambios de importancia en lo que hace a la seguridad social es el sistema previsional argentino, que en la actualidad se presenta con algunas dificultades desde lo económico y financiero como consecuencia de los incrementos que se han dado en materia de juicios de reajustes iniciados desde el fallo “Badaro” , donde la clase pasiva ha realizado sus justos reclamos en pos de la mejora de sus haberes previsionales.

Hace más de treinta años que existe descontento por las prestaciones previsionales que recibe la población adulta mayor en Argentina.Hace más de dos décadas que el sector público no logra los recursos necesarios para atender el sistema y que cada una de las muchas crisis fiscales que ha soportado la economía debe incorporar entre sus causas, en mayor o menor medida, al problema previsional.

Luego de múltiples cambios parciales, hace una década se decidió una reforma estructural que, para algunos de sus promotores resolvería los dos problemas: el fiscal y el prestacional. Hoy se sabe que esa reforma no logró cumplir todos sus objetivos. La crisis reciente volvió a tener al sistema previsional entre sus causas más citadas y la población mayor está más desprotegida que nunca desde la expansión original de la previsión social en Argentina.

Recordemos que en el año 1993, la Ley 24.241 reformó el sistema previsional argentino mediante la creación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP). Ese sistema formaba parte de un esquema de seguridad social que había tenido un desarrollo muy temprano dentro de la región. Durante los años ochenta los diferentes componentes de ese esquema comenzaron a sentir los efectos de la profunda crisis económica, perdiendo su antiguo papel dominante en la política social (3).

Muchas fueron las reformas que sufrió el sistema previsional durante los años cuarenta, se incorporó un criterio de reparto implícito en la idea de que la población activa debe sostener a la pasiva mediante un «contrato intergeneracional» y, simultáneamente, se dispuso que los beneficios mantuvieran cierta relación con los ingresos que la persona obtuvo durante su vida activa.En consecuencia, el sistema previsional argentino trató infructuosamente de mantener los beneficios comprometidos a la vez que expandía su alcance brindando cobertura aun a quienes no tenían registrada la correspondiente historia contributiva.

Desde hace ya un considerable tiempo, los recursos propios (aportes y contribuciones sobre los salarios) no alcanzan para financiar la totalidad de las prestaciones previsionales, recurriéndose a otras fuentes tales como impuestos con afectación específica, otros recursos fiscales, apoyo directo del Tesoro de la Nación o (hasta la sanción de la Ley de Convertibilidad en 1991) adelantos en descubierto del Banco Central.

Pero en el año 1995 el Gobierno Nacional impulsó la Ley de Solidaridad Previsional , por la que el Estado Nacional deja de garantizar el financiamiento de las prestaciones creadas por el nuevo régimen previsional. En adelante las prestaciones contarían con el financiamiento proveniente de los recursos establecidos en la citada ley y los que el presupuesto les destinase de cada año. Esta discutible modalidad de aplicar la denominada “regla de caja” resulta inadecuada. La manera apropiada de corregir los desequilibrios financieros del sistema previsional requeriría de una reforma previsional que asegure el equilibrio ingresos-gastos.

La crisis fiscal que sobrevino después de la puesta en marcha de la reforma previsional y el posterior agravamiento a partir de la caída en el nivel de actividad producido por los efectos de la crisis originada en México, hacia fines de 1994, obligaron al Gobierno Nacional a limitar los alcances de la medida. El Decreto 372 del 10 de marzo de 1995 estableció que a partir de ese mismo mes los porcentajes de reducción se fijarían en un 30% menos que en el decreto anterior, quedando vigente una escala similar a aquella pero que iba desde 0% en la Capital Federal hasta un máximo de 50% en las zonas rurales de mayor reducción.Al mismo tiempo, se modificó el impacto de la medida sobre los precios relativos de la economía al extenderse la reducción a todas las actividades a excepción de las llevadas a cabo por los diferentes niveles de gobierno (4).

En los últimos años de vigencia de la convertibilidad, entonces, casi el 70% del gasto previsional era financiado por impuestos diferentes a los aportes y contribuciones, constituyéndose en una de las causas principales de los problemas de solvencia fiscal (5).

Aquí observamos que más de la mitad de esas cargas estaban destinadas al sistema previsional, que recibía el 27% proveniente del 11% de aportes personales y del 16% de contribuciones. Se ha considerado que en el año 1993 el total de aportes y contribuciones sobre los salarios destinadas al sector público (todos los mencionados en el texto excepto los destinados a las obras sociales) representaron el 4,95% del PBI, equivalente a la cuarta parte de los recursos tributarios totales de todos los niveles de gobierno.

Es como el Gobierno Nacional sancionó el Decreto 2069/93, que dispuso la disminución de contribuciones patronales para la producción primaria, la industria, la construcción, el turismo y las investigaciones científica y tecnológica. El porcentaje de reducción era diferente para cada jurisdicción: mayor para las regiones menos desarrolladas (más alejadas de Buenos Aires y menos urbanas) y menor para las zonas con mayor desarrollo relativo (centros urbanos cercanos a la Capital Federal) (6).

La crisis fiscal que sobrevino después de la puesta en marcha de la reforma previsional y el posterior agravamiento a partir de la caída en el nivel de actividad producido por los efectos de la crisis originada en México, hacia fines de 1994, obligaron al Gobierno Nacional a limitar los alcances de la medida.El decreto 372 del 10 de marzo de 1995 estableció que a partir de ese mismo mes los porcentajes de reducción se fijarían en un 30% menos que en el decreto anterior, quedando vigente una escala similar a aquella pero que iba desde 0% en la Capital Federal hasta un máximo de 50% en las zonas rurales de mayor reducción (7).

En el año 1999 se puso en marcha un nuevo proceso de reducción de los costos laborales. Los decretos 1520/98 y 96/99 dispusieron un cronograma de rebajas adicionales en etapas, que fueron interrumpidas con la sanción del Decreto 176/99, que estableció como prioridad el equilibrio fiscal. De acuerdo con información oficial, la tasa efectiva de contribuciones patronales había alcanzado el 6,8% hacia fines de 1999 (recuérdese que en 1994 esa tasa era del 16%) (8).

Así es como en el año 2001 se produce una fuerte y profunda crisis económica, social y política que, entre otras consecuencias, precipitó el abandono de la convertibilidad. El default de la deuda, las modificaciones en los precios relativos, la ruptura de contratos, los cambios patrimoniales y las posteriores compensaciones a las partes involucradas, la pérdida de recaudación tributaria y el posterior rediseño de su estructura son algunos, pero no la totalidad, de los rasgos de la crisis que han afectado de manera irreversible la situación fiscal de los diferentes niveles de gobierno. El sistema previsional no ha permanecido ajeno al desarrollo de la crisis, siendo una de las más graves de la historia argentina.

En materia de previsión social, durante los últimos años ha crecido la percepción de un problema de cobertura que ha venido madurando desde hace tiempo. Hoy parece evidente que el sistema dista de brindar una cobertura razonable a las personas que por razones de edad no pueden generar los ingresos necesarios para su manutención.A partir de la reforma, es cada vez menor la proporción de personas que alcanzan la edad del retiro sin haber reunido los requisitos necesarios para acceder a un beneficio previsional.

A partir de entonces, el gobierno produjo un diagnóstico oficial que fue presentado por la Secretaría de Seguridad Social como el Libro blanco de la previsión social (SSS, 2003). Allí se señalan como principales elementos la insatisfacción generalizada por el sistema previsional y la necesidad tanto de extender la cobertura como de generar mayores recursos «genuinos» para el régimen público. Asimismo, se evalúan como altos los costos en el régimen de capitalización y se destaca la necesidad de introducir mayor competencia. Las principales ideas de la SSS para una reforma son (9):

  • 1. Beneficio básico para mayores de 70 años.
  • 2. Unificación del sistema previsional, todos aportarían a capitalización.
  • 3. Restablecer el 16% de contribuciones patronales sin topes salariales.
  • 4. Reemplazar las prestaciones del régimen público por un haber proporcional a los aportes realizados («cuentas nacionales») con prestaciones mínimas y máximas.
  • 5. Fijar comisiones como porcentaje de los fondos.
  • 6. Seguro único de invalidez y fallecimiento.

Es así como en el año 2009 surge el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el cual es financiado a través de un sistema solidario de reparto, garantizando a los afiliados y beneficiarios del Régimen de Capitalización idéntica cobertura y tratamiento que la brindada por el Régimen de Reparto, en cumplimiento del mandato previsto por el art. 14 bis de la Constitución Nacional, que expresa:

«El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable».

En consecuencia, se eliminó el Régimen de Capitalización (AFJP).

En cuanto a los aspectos más importantes de la reforma previsional que determinó la conformación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), son:

  • 1. Dispone «la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único Régimen Previsional Público que se denominará Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), financiado a través de un sistema solidario de reparto, garantizando a los afiliados y beneficiarios del Régimen de Capitalización vigente hasta la fecha, idéntica cobertura.
  • 2. El Estado Nacional garantiza a los afiliados y beneficiarios del Sistema de Capitalización la percepción de iguales o mejores prestaciones y beneficios que los que gozan.
  • 3. Los servicios prestados bajo relación de dependencia o en calidad de trabajador autónomo correspondientes a los períodos en que el trabajador se encontraba afiliado al Régimen de Capitalización serán considerados a los efectos de la liquidación de los beneficios establecidos en el art. 17 de la Ley 24.241.
  • 4. La totalidad de los recursos únicamente podrán ser utilizados para pagos de los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino.
  • 5. Queda prohibida la inversión de los fondos en el exterior.
  • 6. Créase en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social un Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, cuyo objeto será el monitoreo de los recursos del sistema.
  • 7. El consejo estará integrado por: «Un representante de la ANSeS. Un representante de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Dos representantes del Órgano Consultivo de Jubilados y Pensionados que funciona en ámbito de la ANSeS. Tres representantes de las organizaciones de los trabajadores más representativas. Dos representantes de organizaciones empresariales más representativas. Dos representantes de las entidades bancarias más representativas. Dos representantes del Poder Legislativo (uno por cada cámara).

 

V. CONSIDERACIONES FINALES
De acuerdo a lo expuesto en el presente análisis hemos llegado a las siguientes conclusiones:

  • 1. En Argentina, el sistema de la seguridad social ha sufrido transformaciones de importancia producto de las constantes reclamos y necesidades de los trabajadores.
  • 2. Invertir en salud es una de las misiones que está a cargo del Estado, pero la misma reviste complejidades porque entraña otro de los inconvenientes que es la distribución del ingreso que recibe el mismo y que ello equivale a que en Argentina esa misión no se esté cumplimentando del modo en que siempre se ha esperado por parte de la PEA.
  • 3. El gasto en salud involucra todos aquellos gastos comprometidos de forma directa o indirecta con la consecución de objetivos genéricos del bienestar o la calidad de vida relacionada con la salud. Sin embargo, gasto en salud es algo más que dinero, involucra el desafío de querer traducir a una unidad común y a una variable continua sobre el sistema de salud.
  • 4. Desde el enfoque macroeconómico para poder comparar la medición del gasto del salud con otros países se emplea el año base para referir la serie de datos presentados y una vez que se actualizan los valores históricos a la fecha referida se calcula el equivalente del gasto nacional en dólares estadounidenses según el valor de cambio en el momento establecido, es lo que se denomina Paridad del Poder Adquisitivo (PPA).
  • 5. En materia de previsión social, durante los últimos años ha crecido la percepción de un problema de cobertura que ha venido madurando desde hace tiempo. Hoy parece evidente que el sistema dista de brindar una cobertura razonable a las personas que por razones de edad no pueden generar los ingresos necesarios para su manutención. A partir de la reforma, es cada vez menor la proporción de personas que alcanzan la edad del retiro sin haber reunido los requisitos necesarios para acceder a un beneficio previsional.

———-
(1) Berman, Peter: “National Health Accounts in Developing Countries: Appropriate Methods and Recent Applications”, Health Economics, 6, 11-30, 1997.
(2) Tobar, Federico:”Metodología para la medición del gasto en salud en Argentina”, Taller de Cuentas Nacionales de Salud, AES, IX Jornadas Internacionales de Economía de la Salud, Iguazú, abril de 2000.
(3) Cetrángolo, Oscar y Grushka, Carlos: Sistema previsional argentino: crisis, reforma y crisis de la reforma, CEPAL, Santiago, 2004.
(4) O. cit.
(5) Para aclarar aún más este punto, v. o. cit., que ofrece la desagregación de la demanda de fondos por parte del sistema previsional (déficit previsional) para el año 2000 entre sus diferentes causas. Las más importantes son la transferencia de fondos al sistema de capitalización y la reducción de contribuciones patronales, que en conjunto explican el 86,5% del déficit, que era equivalente a 3,3% del PIB.
(6) O. cit.
(7) O. cit.
(8) Ver MTSS, 2002.
(9) Cetrángolo y Grushka: op. cit.

(*) Máster en Derecho y Economía (tesis en preparación), Facultad de Derecho, UBA. Jefa de Trabajos Prácticos de la cátedra Análisis Económico y Financiero y de la cátedra Elementos de Derecho del Tr abajo y de la Seguridad Social, Facultad de Derecho, UBA. Adjunta de la cátedra de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, IUPFA.

Fuente: Microjuris

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