Autoridades sanitarias y especialistas en oncología de América Latina se reúnen desde hoy en Buenos Aires para consensuar estrategias gubernamentales para la prevención y el control del cáncer en la región.

El ministro de Salud de Argentina, Juan Manzur, preside la Reunión Internacional para el Control Global del Cáncer en América Latina, que se desarrolla este miércoles y jueves en Buenos Aires, con especialistas y representantes de las carteras sanitarias de Brasil, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

La subdirectora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Socorro Gross, participa también del encuentro, donde expondrá sobre el rol que la oficina regional desempeña en la prevención y el control de esta enfermedad.

La reunión busca reforzar alianzas entre los países latinoamericanos y promover acciones concretas “para evitar brechas en pos de optimizar y mejorar los sistemas de salud pública con respeto al cáncer”, señaló el Ministerio argentino de Salud en un comunicado.

El control del tabaquismo será uno de los temas que aborden los participantes del encuentro, que tiene el objetivo de lograr una mejor distribución de los recursos disponibles en los países de la región, donde las “grandes diferencias” hacen que “muchas veces no estén adecuadamente asignados o encuadrados dentro de una estrategia coordinada”, advirtió el comunicado ministerial.

La presidenta argentina, Cristina Fernández, inaugurará el próximo viernes el Instituto Nacional del Cáncer (INC) durante un acto al que asistirán participantes de la reunión internacional.

Fuente: EPA

Entre los pedidos encontramos: que se creen servicios específicos para adolescentes que garanticen el acceso sin requerir el acompañamiento de personas adultas ni otros requisitos no establecidos en las normas; que brinden consejerías; provean métodos anticonceptivos, incluida la anticoncepción hormonal de emergencia; hagan prevención de infecciones de transmisión sexual; y sean accesible para llegar y obtener un turno.

El personal de salud de estos servicios deberá considerar a los y las adolescentes como sujetos de derechos, ser respetuosos de su autonomía y celebrar las diferencias. Además, es importante que se difunda su existencia, así como los derechos de los adolescentes.

Un grupo conformado por jóvenes de distintos puntos del país fue recibido el martes por autoridades del Ministerio de Salud de la Nación.
Como resultado de las reuniones, el titular del Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia, Fernando Zingman, se interesó en trabajar conjuntamente en la convocatoria de jóvenes a una reunión provincial en la que se presentarán nuevos servicios de salud para adolescentes.

Además, desde el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable se comprometieron a avanzar en conjunto en actividades de capacitación para adolescentes sobre salud sexual y reproductiva.

Las recomendaciones presentadas a las autoridades sanitarias surgieron a partir de un relevamiento que realizaron los y las jóvenes de la RedNac/FEIM en centros de salud y hospitales públicos de las localidades que habitan: Azul (Buenos Aires) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Mendiolaza y Villa Allende (Córdoba); Lasteña y Banda del Río Salí (Tucumán); Maipú y Guaymallén (Mendoza); Rosario (Santa Fe).

Como parte de esta actividad constataron, por ejemplo, que en algunos centros de salud a los y las jóvenes que solicitan preservativos o anticoncepción hormonal de emergencia les exigen una receta para su entrega; un trámite no establecido en ninguna norma, que demanda pedir un turno en horarios poco amigables para los adolescentes y, sobre todo, insume un tiempo que excede la emergencia de la situación.

“Nosotros creemos que es importante difundir en la comunidad los derechos de los jóvenes y la existencia de servicios de salud para adolescentes, no alcanza hacerlo sólo en los hospitales y únicamente dentro de los consultorios, porque pocos chicos llegan hasta allí”, dijo Ginette, de 20 años, de la organización “Ser joven” de Villa Allende, Córdoba.

Estas actividades se desarrollaron en el marco del proyecto “Ejercito mis derechos”, llevado adelante por RedNac y FEIM, que incluye una serie de propuestas de incidencia y exigibilidad de derechos para el cumplimiento de los “Objetivos de Desarrollo del Milenio”.

En este caso, trabajaron sobre la meta relacionada con el acceso universal a la salud sexual y reproductiva de toda la población, centrados en quienes tienen entre 15 y 24 años, que los países se comprometieron a cumplir para el año 2015.

La Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva -RedNac- reúne organizaciones y grupos juveniles de todo el país que trabajan activamente en la promoción, sensibilización y difusión de sus derechos.

Son chicas y chicos que desarrollan estrategias para hablar con sus pares, en su mismo idioma, sobre su sexualidad, cómo cuidarse del VIH/SIDA y demás infecciones de transmisión sexual, el acceso a los servicios de salud y la prevención de abusos y violencias sexuales, entre otros temas.

Fue creada en 1999 por la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer -FEIM-.

Fuente: Infancia Hoy

“Quedó firme el fallo, se puede avanzar tranquilamente con el tema de la intervención, la parte jurídica quedó despejada”, señaló el abogado de la familia, Daniel Quintero.

La legislación vigente no contempla el trasplante pulmonar de donantes vivos aunque tampoco lo prohíbe, por lo que el juez federal Alejandro Sánchez Freytes accedió a una acción de amparo presentada por Quintero y autorizó la intervención en esas condiciones.

La decisión de Sánchez Freytes quedó firme luego de que no hubo objeciones al trasplante de las gemelas Marisol y Maribel durante las 48 horas posteriores a la medida, plazo que venció hoy a las 9.
La situación legal fue confirmada por Quintero, quien recordó que en el terreno médico “ayer Marisol fue operada de sinusitis, como paso previo a la operación de trasplante”.

Maribel fue sometida tiempo atrás a una operación similar ya que, como había explicado su madre Mariana, lo que se procura es erradicar cualquier foco potencial de infección.

El trasplante se realizará en el hospital privado de la ciudad de Córdoba “entre octubre y noviembre, por los comentarios que escuche de los médicos”, dijo Quintero.

El abogado ratificó también que si en este tiempo de espera aparece un donante cadavérico se apelaría a alternativa, pero recordó que “el donante tendría que ser pediátrico y bipulmonar. En ese caso, ante esa situación se procedería directamente por ese método”.

Quintero sostuvo que este panorama permite ser “totalmente optimista” sobre el éxito de la operación.

Fuente: Infobae

Especialistas y analistas en políticas de salud recomendaron “trazar el mapa sanitario de la Argentina”, en favor de una mejora del sistema.

Así se desprendió de la disertación sobre “La Reforma del sector salud en Estados Unidos. Un primer análisis de lo que se hizo y lo que falta hacer” organizada por la Acción Social de Empresarios (ASE) y llevada a cabo por George B. Moseley, consultor de la reforma del sistema de salud de Estados Unidos, y el Doctor Federico Tobar, Consultor Internacional en Política de salud.

Durante la disertación, auspiciada por Fundación Medifé, Moseley brindó un primer análisis de lo que se hizo y lo que falta hacer en la reforma del sector de salud en Estados Unidos.

El especialista, quien además se desempeña en la Universidad de Harvard, puntualizó los efectos de la reforma en Norteamérica en planes de salud, hospitales y pacientes, y remarcó que el acceso al sistema sanitario, la calidad y la transparencia del servicio mejoraron en detrimento de los costos.

Por su parte, Tobar, señaló la necesidad de instaurar el debate permanente en pos de la mejora del sistema sanitario del país y subrayó que la idea de “consolidar una autoridad sanitaria” y crear una “ley nacional de salud” son los puntos principales para mejorar el sistema sanitario argentino.

Asimismo, destacó que se deben construir protecciones por líneas de cuidados, crear un seguro nacional de catastróficas y consolidar redes de salud para brindar una mayor atención a la sociedad.

Durante la conferencia realizada en el Hotel Panamericano, de la ciudad de Buenos Aires, Tobar marcó diez propuestas para modificar el sistema sanitario en el país y aludió que para dar cumplimiento a las propuestas mencionadas se deben “definir metas y asignar los recursos en función de los logros”.

Los miles y miles de celíacos que en diciembre del año pasado festejaron la sanción de una ley que protege sus derechos, no podían imaginar –porque parece increíble– que nueve meses después esa ley haya sido apenas un gesto, puro valor testimonial. Es que así es. La ley nunca fue reglamentada, es decir que nunca se definió cómo va a ponerse en práctica, por lo cual en los hechos es como si no estuviera vigente. Así como ellos, miles de madres que trabajan y no saben dónde dejar a sus hijos, pymes deseosas de beneficios fiscales, y hasta los 400 mil obesos que, aún con una ley en curso, han encontrado en la reglamentación más escollos que soluciones.

Lobbys, intereses, presiones, simple desidia o quizá hasta olvidos en los laberintos burocráticos. Las explicaciones pueden ser amplias, públicas o secretas, pero la única verdad está en los hechos: decenas de leyes sancionadas por el Congreso han reconocido derechos a la ciudanía, pero esos derechos están siendo violados por la ausencia del paso administrativo decisivo de las leyes, esto es, su reglamentación y publicación en el Boletín Oficial.

Las reglamentaciones son, sino el corazón, la metodología de aplicación de las normas. ¿Qué organismo se ocupará de llevarla a la práctica? ¿A qué tipo de actores económicos o sociales involucra? ¿Qué requisitos deben cumplir los beneficiarios del derecho? Si eso no está definido, la ley simplemente no puede ponerse en marcha. Y este problema no es cosa de unos pocos.

Cuatrocientos mil son los celíacos afectados por la no reglamentación de la ley 25.588, sancionada en diciembre pasado. Esa enfermedad es crónica y los obliga a alimentarse de por vida con productos libres de gluten, sustancia que sus cuerpos rechazan. Pero claro, son productos mucho más caros que los demás, y no suelen estar especialmente identificados. La ley, que venía siendo reclamada hacía años, exigió la identificación desde fábrica de los productos para celíacos, la realización de campañas de concientización, y obligó a las prepagas y obras sociales a pagar parte del costo de los alimentos –que en este caso son como remedios–, entre otras medidas. Hubo manifestaciones en el Congreso que reunieron a cientos de personas, la ley salió, pero quedó varada. Simple: el gobierno nacional no la reglamentó. Hoy, para los celíacos, tener una ley así es igual a no tenerla.

La lista de perjudicados por esta práctica es larga. No se han reglamentado leyes que benefician a enfermos del Mal de Chagas (la lucha contra ese mal fue declarada de interés nacional en septiembre de 2007) o leyes que ayudan a la asistencia domiciliaria de los discapacitados (aprobada en marzo de 2009) o a las madres que necesitan o quieren dar a luz a sus hijos en su casa pero el Estado no les cubre el costo (ley 25.929, del 25 de agosto de 2004). “El trámite posterior a la sanción de las leyes queda sujeto a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Es preocupante ver cómo leyes que fueron sancionadas para proteger el derecho a la salud aún no han sido reglamentadas. La falta de implementación de esas normas hace que las mismas no puedan ponerse en marcha, generando mayores obstáculos y responsabilidad al propio Estado”, dice Natalia Monti, de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

El senador opositor Samuel Cabanchik, de “Proyecto Buenos Aires Federal”, hizo hace unos meses un relevamiento de las leyes que no habían sido reglamentadas. La lista tiene más de quince casos, de los cuales trece corresponden a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, por lo que ahora propone una ley que habilite a la Justicia a reglamentar leyes demoradas. Por ahora su proyecto deambula sin destino seguro, pero en todo caso apunta a una práctica que, aunque en los últimos años se hizo más frecuente, es histórica. La más antigua de las leyes sin reglamento data de 1959, y es la ley de protección de la actividad teatral. Esa ley impedía derrumbar teatros, salvo que fueran reemplazados por otros. Si hubiera sido reglamentada, habría evitado la demolición del mítico Teatro Odeón, por citar un caso, reemplazado en los ochenta por un estacionamiento en Esmeralda casi Corrientes.

Cuando Cristina Kirchner asumió, a fines de 2007, sostuvo que su Gobierno se iba a recordar por el estímulo a la suma de valor agregado tecnológico a la producción. Pocos meses antes, el 4 de junio de ese año, se había sancionado la Ley de Promoción y Desarrollo de la Biotecnología Moderna (26.270), que nunca se reglamentó. En el Congreso hay siete diputados que ya pidieron al gobierno, por escrito, que se reglamente esta ley clave para liberar de impuestos e incentivar a las pequeñas y medianas industrias que experimentan e investigan con la tecnología del futuro.

Para las mamás o papás que trabajan y tienen chicos a los que no pueden dejar solos en casa, la falta de reglamentación del artículo 179 de la Ley del Trabajo (de 1974) es clave. Esa ley obligaba a las empresas y al Estado a tener guarderías para esos chicos. También lleva meses sin ser reglamentada, por lo que muchas de esas madres hoy deben hacer malabares para sostener sus empleos o criar a sus hijos.

Derechos laborales, derechos de acceso a la salud, al desarrollo: hay leyes bloqueadas de todo tipo, también la Ley de control en el Registro de Precursores químicos (26.045), de junio de 2005, que entre otras cosas ayuda a evitar el comercio de efedrina o de otros productos codiciados por los narcotraficantes para elaborar drogas.

Y la lista sigue. El gobierno debe reglamentar la ley que estableció un porcentaje de puestos de trabajo en el Estado para las personas discapacitadas, la ley que prohíbe la venta de réplicas de armas en jugueterías, la ley que regula los derechos del paciente frente a los médicos (de octubre de 2009), la ley que prohíbe la utilización de PCB (altamente contaminante) en conexiones eléctricas, o la ley que unifica todos los planes de vivienda para pobres, o la ley que exige a los funcionarios declarar cada uno de los regalos que recibe, o la que promueve las actividades deportivas en los barrios.

Un caso extraño es el de la ley de obesos. Después de dos años dando vueltas por el Congreso la ley fue sancionada, pero con tantas trampas que la bloquearon. La norma otorga a los casi 400 mil obesos mórbidos la oportunidad de acceder a una operación de by pass gástrico pagada por las obras sociales y las prepagas. Pero esas empresas, que habían resistido la ley, lograron que el ministerio de Salud agregara en su reglamentación dos artículos que la hacen impracticable. En uno de esos artículos establece que el obeso debe demostrar que arrastra cinco años de obesidad, algo difícil de probar porque pocos tienen todos sus datos clínicos registrados y archivados. Y en otro artículo exigió a los obesos demostrar dos años de dieta ininterrupida.

“La hicieron tan difícil que ahora hay que ir directo a la Justicia. Pero antes presentábamos un amparo y salía en tres meses; ahora los jueces demoran más tiempo, pueden tardar hasta un año”, cuenta Oscar Amigo, operado el 20 de febrero de 2008, después de pelearse con su prepaga. Oscar es todo un caso. Pesaba 147 kilos y gracias a un by pass que costó 40 mil pesos, hoy pesa 85 kilos. Su vida empezó otra vez.

Tomaba 14 fármacos por día; ya no. Sus hijos debían ayudarlo a levantarse de la cama; ya no. ¿Cuál es el costo, entonces, de ese cambio vital? ¿Lo saben los funcionarios que no reglamentan o lo hacen mal? Otra vez: lobbys, intereses, presiones, simple desidia o quizá hasta olvidos en los laberintos burocráticos. Las explicaciones pueden ser amplias, públicas o secretas, pero la única verdad está en los hechos.

Fuente: Clarin

PANEL. Algunos de los expositores escucharon la disertación de Rubén Torres. FOTOS MARTÍN PRAVATA

La brecha entre personas que acceden a servicios básicos y las que no lo hacen es cada vez más grande, y el acceso al sistema sanitario es un ejemplo de ello. Si bien la mayoría de la población recibe atención médica, no todos tienen los mismos beneficios, y los pobres son los más vulnerables. Hace dos semanas, El Sol publicó que en el país existen unos 16 millones de personas que no tienen obra social ni prepaga, mientras en Mendoza son cerca de 750 mil los habitantes en esta situación. Ayer en el XIII Congreso Argentino de Salud, que se realizó en Mendoza, se debatió sobre financiamiento en el área. El representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Chile, Rubén Torres, criticó no sólo el sistema sanitario nacional, sino también el de Latinoamérica, porque no toda la población tiene el mismo acceso a la salud.

“Todo el mundo tiene cobertura y acceso a la salud, el problema es que hay escalones de calidad en ese acceso. El programa médico obliga a las obras sociales y a las prepagas a prestar el servicio pero es para los que cuentan con mayores ingresos. A unos 15 millones de pobladores en el país no los alcanza el programa médico obligatorio, es decir, que no tienen obra social. Entonces, un señor que es rico exige y una persona pobre no puede exigir la misma condición de calidad”, informó Torres. El representante de la OMS explicó que si la población tiene prepaga u obra social, puede dirigirse al juzgado si no le dan una prestación determinada.

Pero si la persona se encuentra en el sistema sanitario público, recibirá la atención médica, pero no tendrá respuesta inmediata. “Generalmente, esperan entre seis, siete y hasta diez meses. Se hace con la misma técnica pero con otros tiempos. Esa es la diferencia”, aclaró el doctor. Por eso, para el especialista que reconoce que la problemática es de toda Latinoamérica, la solución se debe buscar teniendo en cuenta que un sistema sanitario sea eficiente y equitativo (es decir dar a cada persona lo que necesita). A su vez, señaló que si el aporte de bolsillo del usuario es muy alto, el que sufre finalmente es el más pobre, porque gasta 80% de sus ingresos en alimentación y si tiene que gastar en salud, utiliza el 20% restante y cae en pobreza. “Hoy, el sistema es inequitativo.

Los sistema en América latina siempre fueron sistemas con aportes muy bajos”, agregó Torres. Ricardo Bellagio, superintendente de Servicios de Salud de la Nación, presente en el congreso, negó que en Argentina el número de personas sin cobertura sea tan alto y dijo que, por medio del sistema de seguridad social, los habitantes tienen accesibilidad sistema. Consideró importante los encuentros con profesionales de la salud, porque los funcionarios encuentran ideas nuevas y así confeccionan planes para consensuar políticas futuras, tanto en el nivel público y privado como en la actividad social.

UNA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
Para Torres, la solución para mejorar el sistema sanitario consiste en crear una sola fuente de financiamiento a la que vayan a parar los aportes del Estado nacional, de la seguridad social y parte de los privados (prepagas y obras sociales) y después, cada uno de los ciudadanos elige dónde se quiere atender. Pero aclaró que para eso se necesita un Estado muy poderoso que regule esta situación. “No estamos tan lejos, ya que Uruguay lo implementó hace poco, en Costa Rica también y en Brasil se viene planificando desde hace tiempo”, contó el médico. Para que funcione efectivamente, todo debe ser regulado y discutido en términos técnicos con los prestadores privados para conocer los niveles de costo y la incorporación de tecnología, entre otros puntos. Finalmente, comentó que no se trata de invertir más dinero, sino de que esté bien organizado.

“Argentina está entre los tres países que gastan más dinero en el sistema sanitario. Sin embargo, los resultados no se corresponden con los de Chile, por ejemplo”, culminó. Según Bellagio, no sólo hay que hablar del financiamiento desde el punto de vista del ingreso, sino también saber en qué se gasta. “Esto es un problema, porque si gastamos más en atención primaria, tendríamos más cobertura. Debemos poner más políticas de regulación en la programación y en la prevención”, explicó el superintendente de Salud. El profesional anunció que la red de prestadores que se intenta implementar en todo el país ayudará tanto a los usuarios como a las prestadoras del servicio.

“Porque no es lo mismo trabajar con un prestador que tiene 10 beneficiarios que con otro que tiene 50.000. La unión nos va a dar fuerza de contratación y también vamos a tener regulación de precios, porque hay obras sociales que por tener pocos beneficiarios no pueden contratar per cápita y tienen que contratar por acto médico, lo que impacta en el costo final”, justificó Bellagio.

Monotributo Socia
Para Rubén Torres, el Monotributo Social es muy bueno porque beneficia a la población, pero no considera que guarde un concepto técnico de calidad institucional a través de un subsidio que lo paguen las prepagas y las obras sociales. “Aplaudo las medidas que ayudan a la sociedad, pero no puede ser que alguien que cobre 1.000 pesos u otro que cobre 10.000 pesos aporten lo mismo”, culminó Torres.

Cambios en lo sanitario
También estuvo presente en el congreso Paul Campbell, doctor en Política de Salud y Gestión en Harvard. El especialista comentó que conoce el sistema de salud argentino. Campbell aclaró que se pueden hacer cambios para mejorar el sistema sanitario, así como los que impulsó Estados Unidos, para que las personas sin recursos lleguen a tener atención médica. “La forma de poner eso en práctica es muy distinta y hay que estudiar cómo se implementará acá”, explicó Campbell antes de volver a su país.

Fuente: El Sol On Line

El Ministerio de Salud de la Nación recomendó especialmente la aplicación de vacuna triple o doble viral a la población que no tenga su esquema de vacunación completo

Ante la confirmación de nuevos casos de sarampión en la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud de la Nación resolvió continuar intensificando las acciones de detección y bloqueo , además de enfatizar la importancia de que tener los esquemas de vacunación completos según la edad.

Todos los niños tienen que tener las vacunas del Calendario Regular al día, esto implica haberse aplicado una primera dosis de vacuna triple viral al cumplir un año de vida y una segunda dosis al ingreso escolar.

Toda la población del país debe tener completo el esquema con la siguiente cantidad de dosis acreditadas:

-De 13 meses a 14 años certificar o completar dos dosis de vacuna.

-De 15 años a 50 años, certificar la aplicación de una dosis de vacuna durante los últimos cinco años y en caso de que no se certifique aplicar una dosis.

Por el momento, como la situación se cirscuncribe a la provincia de Buenos Aires, se recomienda que tanto en esa jurisdicción como en la Capital Federal, que todos los niños entre 6-12 meses reciban una dosis de vacuna doble o triple viral (esta dosis no cuenta como esquema de vacunación, debe repetirse luego de los 12 meses). Los expertos señalaron que en caso de producirse la confirmación de casos en otras jurisdicciones, esta recomendación se extenderá al resto del país.

Por otra parte, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Doctor Carlos Malbrán informó que el virus circulante en este momento en Argentina sería de genotipo B3, proveniente de Sudáfrica .

La vacuna antisarampionosa se introdujo en el país en 1969 y fue incluida en el Calendario Nacional de Vacunación en 1972. El actual esquema de inmunización con vacuna Triple Viral (sarampión-rubéola-paperas), que se suministra en niños al cumplir un año y una segunda dosis al ingreso escolar, se incorporó en 1998. Un año antes se inició un brote que finalizó en 1999 y produjo alrededor de 12.000 casos en todo el país. Los últimos seis casos de sarampión autóctono en Argentina se reportaron en el año 2000 en la provincia de Córdoba.

En los últimos años, el Ministerio de Salud de la Nación realizó tres campañas de refuerzo de la vacunación contra la enfermedad destinadas a niños en los años 2002, 2004 y 2009, y dos campañas en 2006 y 2008 para adultos.

La decisión de la cartera sanitaria nacional de implementar la actual campaña de vacunación para completar esquemas ha sido consensuada con las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires y de Ciudad Autónoma, además de contar con el acuerdo de las sociedades científicas y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La medida fue adoptada a partir de una serie de reuniones de seguimiento de la situación epidemiológica que comenzaron el pasado 6 de agosto, cuando fueron notificados en territorio bonaerense casos de sarampión en personas que viajaron a Sudáfrica.

El sarampión es una enfermedad viral aguda, potencialmente grave, transmisible y extremadamente contagiosa. Se trasmite a través de las gotitas de saliva que se producen al hablar, toser o estornudar, o por contacto con objetos contaminados con las secreciones de personas que están incubando o presentan la enfermedad. Las manifestaciones clínicas son: fiebre mayor a 38º, conjuntivitis, tos, y erupciones generalizadas centrífugas, con espacios de piel sana que comienza en la cara, en la zona retroauricular y desciende al tronco y los miembros.

Como esta vacuna forma parte del esquema del Calendario Nacional de Vacunación, la Argentina cuenta con dosis suficientes para aplicar la primera dosis en niños a partir de los seis meses y completar los esquemas en las edades indicadas. La única forma de prevenir la enfermedad es vacunándose y las dosis se aplican en forma totalmente gratuita en todos los hospitales y vacunatorios públicos del país.

Ante cualquier consulta, la población puede visitar el sitio web www.msal.gov.ar o comunicarse con la línea telefónica gratuita 0-800-222-1002 – Opción 5.

Julia Wood, una mujer de 51 años y madre de 12 hijos de Chicago, tiene cierta cobertura de salud a través de un programa estatal, pero está tan preocupada por la posibilidad de perderla que no ofreció su nombre real al ser consultada.

El esposo de Wood, un contratista de plomería, vio como su negocio se paralizó en 2008 con la crisis hipotecaria.

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“La economía nos golpeó”, manifestó Wood en una entrevista con el Family Health Center de Chicago, una organización sin fines de lucro.

Como millones de estadounidenses, ella espera que la iniciativa de reforma de salud que el presidente Barack Obama convirtió en ley con su firma en marzo entre el vigencia. Pero al igual que millones de estadounidenses, no está segura de lo que hará por ella.

Una encuesta de Thomson Reuters sobre la confianza de los consumidores divulgada este lunes muestra que la confianza de los estadounidenses en su capacidad para pagar y acceder a servicios de salud ha caído en 5% desde diciembre de 2009.

El Índice Thomson Reuters de la Opinión de los Consumidores sobre Servicios de Salud se basó en una encuesta mensual a 3.000 consumidores, a los que se les consultó si habían tenido problemas para pagar o habían tenido que posponer cuidados de salud en los tres meses anteriores.

También se les preguntó si creían que iban a tener que tomar esa decisión en los próximos tres meses.

En cada pregunta de la encuesta, las respuestas eran más pesimistas en julio de lo que fueron el diciembre.

“Esta es una razón de preocupación para los proveedores de salud y diseñadores de políticas”, dijo en un comunicado Gary Pickens, principal encargado de investigación de Thomson Reuters, compañía matriz de Reuters.

Pickens ha visto una erosión gradual de la confianza desde diciembre, pese a unos cuantos picos notables, como en abril, el mes después de que el Congreso aprobó el acta de salud accesible.

“Dudo que la persona promedio sepa realmente que ha sido implementado (…) Ellos sólo saben que hay mucha discusión y mucha publicidad negativa”, agregó.

David Kendall, un experto en salud y política fiscal de ThirdWay, un grupo de expertos de tendencia centrista, dijo que la insatisfacción con el actual sistema de salud probablemente refleja una decepción después de que el debate de reforma se terminó.

“El debate sobre la salud elevó las expectativas de la gente y ahora hay una decepción como resultado porque no se solucionó el problema”, afirmó Kendall.

El dijo que la creciente insatisfacción con el sistema de salud podría ayudar a los demócratas que apoyaron la reforma a la salud, pero también podría ser divisorio.

En el sondeo Thomson Reuters, republicanos tienden a tener una confianza un poco mayor sobre su acceso a la salud, lo que podría estar relacionado con el empleo, dijo Pickens.

“Claramente, en lo más alto de la pirámide, el factor más importante está relacionado con la cobertura, dijo Pickens en una entrevista telefónica. “Está relacionado con tu situación de empleo y, obviamente, muchas personas en el país no tienen trabajo”, agregó.

Fuente: America Economia

El ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, acompañado por el director de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles, Sebastián Laspiur, por el presidente de la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (Faipa), Rubén Salvio, y por el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), Enrique Martínez, presentará mañana la Campaña Nacional “Menos Sal, Más Vida”, que promueve la reducción de sal en la elaboración del pan artesanal con el objetivo de producir un beneficio directo en la salud de toda la población.

El acto -del que participarán representantes de las asociaciones de panaderos de todo el país y de organizaciones de la sociedad civil- se realizará a las 12, en el Salón Ramón Carrillo del Ministerio de Salud de la Nación, ubicado en la avenida 9 de Julio 1925, de la Capital Federal. En la oportunidad, los asistentes podrán realizar una degustación de panes elaborados con la dosis de sal recomendada para comprobar que la alteración del gusto es prácticamente inexistente.

“Disminuir el consumo de sal salva vidas, por eso esta campaña beneficia a todos los argentinos. Es falsa la idea de que sólo los que tienen presión alta deben restringir o evitar por completo el consumo de sal”, explica Laspiur, y agrega que “bajar sólo un gramo de sal en el consumo diario de toda la población evitaría que se produzcan unos 20.000 eventos cardiovasculares y cerebrovasculares por año y cerca ce 2.000 muertes”.

La campaña apunta a que todas las panaderías artesanales del país adhieran a esta estrategia, y elaboren el pan con una cantidad menor de sal, como así también productos sin sal agregada. Para participar, los comercios deberán inscribirse, luego de lo cual recibirán un vaso medidor para utilizar la concentración de sal recomendada por cada bolsa de harina.

Además, se les entregará un afiche para colocar en el salón del local, en el que se informa a los clientes que allí se venden productos reducidos en sal y productos sin sal, y los beneficios que ello implica para la salud; y otro para el personal con recomendaciones para la elaboración de los alimentos.

Para sumarse a esta iniciativa hay tiempo hasta el 5 de noviembre. El formulario de inscripción se podrá obtener a través de las páginas web de las instituciones organizadoras (www.msal.gov.ar; www.faipa.org.ar; o www.inti.gob.ar) o en el Centro de Panaderos local. Este documento se deberá enviar por correo postal a Faipa, sita en Bernardo de Irigoyen 1524, Piso 1, departamento 1, (C1138ABH), Capital Federal; al Inti a: Inti – Cereales y Oleaginosas, Casilla de Correo Nº 3 – 9 de Julio – (6500) Provincia de Buenos Aires; o por correo electrónico a pansaludable@inti.gob.ar.

Al cierre de la inscripción, el Ministerio de Salud de la Nación realizará el sorteo de 10 premios entre las panaderías participantes, los que consisten en 345 bolsas de harina, 20 cajas de levadura, 36 cajas de margarina y 18 tarros de aditivos, en total.

En la III Reunión Ordinaria del Consejo de Salud Sudamérica participan los ministros de Ecuador, Bolivia, Surinam, Paraguay, Perú, así como los viceministros de Uruguay, Argentina, Venezuela, Colombia y los representantes de los Ministros de Salud y miembros del comité técnico Coordinador de Brasil y Chile.

Los doce gobiernos que forman parte de Unasur Salud, han alineado sus planes y presupuestos a las prioridades establecidas en el Plan Quinquenal, el cual está presupuestado con recursos públicos, esperándose que el aporte de la cooperación complemente este esfuerzo.

Según Andina, la dinámica de la reunión dividió el debate del plan en dos áreas: la primera concentró las áreas de Recursos Humanos, Sistemas de Salud Universales y Promoción de la Salud y Determinantes Sociales. La segunda: Escudo Epidemiológico y Acceso Universal a Medicamentos.

Por parte de la cooperación participan USAID, embajada de Italia, ORAS – CONHU, OPS – OMS, UNFPA, JICA, Cooperación Alemana, CAF, OTCA, AECID, UNICEF, entre otros

Fuente: Uruguay al Dia