El dirigente cegetista Omar Plaini reconoció hoy que las paritarias durante el 2012 no tendrán “ni piso ni techo” y que habrá que aguardar hasta marzo para conocer el impacto que tendrán sobre el salario la quita de subsidios y subas de tasas municipales.

En tanto, el empresario plástico y ex jefe de la UIA, Héctor Méndez, admitió que las negociaciones salariales podrían generar subas de entre el “20, 21 o 22 por ciento” para este año y calificó como “un impuesto vil” el efecto que tienen las alícuotas vigentes en Ganancias para el ingreso del asalariado.

Consultado sobre las rondas paritarias para 2012, el ex titular de la Unión Industrial Argentina y presidente de la Cámara de la Industrial del Plástico señaló que “el problema es no matarse ni unos ni otros, ya que a nadie le sirve un obrero muerto de hambre y tampoco una empresa cerrada”.

Cruce. Más allá de estos conceptos, en reportajes de radio Mitre, Plaini y Méndez mantuvieron un fuerte cruce verbal que se originó luego que el gremialista calificó como “altisonante e irresponsable” la posición asumida por el empresario al que acusó de “hablar de catástrofe o tragedia el marco paritario”.

No menos duro, Méndez sugirió que el gremialista debería “ir a la escuela” y sostuvo que su actividad, la del plástico, “es un ejemplo de acuerdo salarial, así lo dice el Ministerio de Trabajo, por ello, lo que él diga no tiene importancia”.

En lo que hace a las paritarias 2012, Méndez estimó que los gremios “arrancarán en el 25 por ciento y cada cámara ofrecerá un 18 por ciento”.

“Luego nos sentaríamos y llegaríamos al 20, 21 ó 22 por ciento, la verdad es que no lo se. Es justamente parte de la negociación, que es ceder y renunciar un poco a algo”, explicó.

Consultado sobre una readecuación de la alícuota vigente en el Impuesto a las Ganancias, el empresario sugirió que desde el Estado “no se puede pedir un sacrificio, si yo no lo hago: es un tema ético”.

“El impuesto sobre el trabajo es un impuesto vil, no tenga duda”, dijo sobre una cuestión sobre la cual la CGT mantiene desde hace meses un reclamo para que el Poder Ejecutivo ajuste, en favor de los sueldos medios y bajos, las alícuotas del Impuesto a las Ganancias.

Plaini, por su parte, recordó hoy que según las últimas declaraciones del gobierno “no había piso ni techo” para la discusión paritaria pero pidió esperar a marzo para conocer el impacto “en el bolsillo de la familia del trabajador” de la quita de subsidios y la suba de tasas en algunos municipios.

El dirigente del gremio de los vendedores de diarios y diputado nacional resaltó que un mes atrás “el propio ministro de Trabajo (Carlos Tomada) manifestó que para la discusión paritaria no había piso ni techo”.

El estrecho colaborador de Hugo Moyano en la CGT criticó también los planteos formulados por Héctor Méndez al indicar que “siempre hubo racionalidad” en las paritarias pese a que “se dicen muchas cosas y hay declaraciones altisonantes e irresponsables como las del ex presidente de la UIA, aunque finalmente todos se ponen de acuerdo” en materia de salarial.

“Entendemos que quienes están negociando ya han fijado alguna aspiración, pero por la quita de subsidios no sabemos cual va a ser el impacto en marzo en el bolsillo de la familia del trabajador y varios municipios han subido las tasas”, acotó Plaini.

Fuente: La Voz del Interior

El reclamo al Gobierno por la deuda con las obras sociales es uno de los tantos que Hugo Moyano lanza cada vez que puede. Pero, a diferencia de otros pedidos como la ley de reparto de las ganancias y la suba del mínimo no imponible, esta cuestión podría terminar en la Justicia. Las duras palabras que hoy emitió Moyano tampoco permiten descartar una importante movilización por ese tema.

Desde la CGT hubo amenazas de activar una demanda judicial. Hoy, al referirse a ese tema, Moyano amenazó: “Vamos a hacer un reclamo tan firme que van a tener que dar respuesta”.

“En poco tiempo más empieza la cesación de pagos de las obras sociales y cuando esto ocurra, los trabajadores no vamos a aceptar que se lucre”, dijo el camionero, en un tono que refuerza la posibilidad de movilizar a los trabajadores.

12.000 millones
Se trata de una deuda millonaria, que, según los gremialistas, el Estado mantiene con las obras sociales sindicales. Según los sindicatos, son 12.000 millones de pesos. Dicen, además, que el Gobierno se había comprometido a pagar $ 1000 millones durante 2011, pero apenas abonó $ 250 millones.

La mayor parte de lo que calculan los gremios proviene del aporte obligatorio que se les retiene a los trabajadores. El resto surge de los tardíos reintegros de prestación de servicios de alta complejidad que se brindan a través de la Administración de Programas Especiales (APE).

En la última reunión de la CGT, Moyano recordó que, en particular, la obra social de Camioneros ya le inició dos juicios a la Superintendencia de Seguros de Salud por un déficit que alcanzaría los $ 600 millones.

Un tema que une al gremialismo
La supuesta deuda con los gremios hizo los sectores internos de la CGT dejen a un lado sus diferencias. La preocupación motivo recientes contactos entre moyanistas, “independientes”, y el sector de “los Gordos”, históricamente enfrentados.

Incluso, el tema de las obras sociales es uno de los pocos temas en los que coincide el moyanismo y el sector liderado por Gerónimo Venegas, titular del sindicatos de peones rurales (Uatre). Esta semana, Venegas lanzó: ” Este gobierno no tiene nada de peronista. Va a querer ir por las cajas de las obras sociales y quitarles las conquistas a los trabajadores “. Incluso, a pesar de su histórico enfrentamiento a Moyano, el gremialista rural no descartó reunirse con el camionero.

Es que los gremios anhelan que el Estado se haga cargo del pago de los tratamientos más complejos que hoy afrontan las obras sociales sindicales a través de la APE, un ente descentralizado del Ministerio de Salud, que quedó bajo la lupa por la causa de la mafia de los remedios.

En el acto de hoy, Moyano cuestionó a esa investigación judicial, en la que hoy se ordenó la liberación del secretario general del gremio bancario, Juan José Zanola.

“Quisieron crear un manto de sospecha en toda la dirigencia gremial, en la relación que tienen las obras sociales con los trabajadores, y la responsabilidad que tenemos”, lanzó..

QUÉ PIDE LA CGT

• La deuda a las obras sociales. Le reclama al Estado una millonaria deuda. Hubo amenazas de activar una demanda judicial. Según los sindicatos, la deuda sería de 12.000 millones de pesos.
• Reparto de las ganancias. Insiste en que al menos se considere en el Congreso y se trate el proyecto de ley de reparto de las ganancias entre los trabajadores.
• Impuesto a las ganancias. Elevar el tope del mínimo no imponible a las ganancias. La CGT anhela aumentar a $ 12.800 el umbral a partir del cual se paga el tributo.
• Asignaciones familiares. Eliminar o, en su defecto, elevar el tope de los salarios para el pago de las asignaciones familiares por hijo.
• Paritarias sin piso ni techo. Pide que no se fije un porcentaje a las subas salariales de 2012.

Fuente: La Nacion

El titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), Gerónimo “Momo” Venegas, exhortó esta mañana a la unificación de la CGT al advertir que el gobierno de Cristina Fernández buscará “quitarle conquistas a los trabajadores” y “va a querer ir por las cajas de las obras sociales, que son la salud de los trabajadores”.

“Nos tenemos que preparar para lo peor. El movimiento obrero se tiene que unificar, tiene que haber una sola CGT con todo el poder para defender las conquistas de todos los trabajadores que hemos logrado en todos estos años y esencialmente en el gobierno de (Juan) Perón”, sentenció.

Roces. El sindicalista, por Radio Mitre, advirtió que “va a haber enfrentamiento y roces” con los integrantes de la agrupación kirchnerista La Cámpora, que viene ganando lugares de poder en la Casa Rosada, e insistió que “el movimiento obrero se debe unificar para esperar lo peor de este Gobierno, que es quitarles conquistas a los trabajadores”.

La Confederación General del Trabajo se resquebrajó en 2008: luego de que el camionero Hugo Moyano fuera reelecto como titular de la central obrera, el gastronómico Luis Barrionuevo abandonó la sede de Azopardo y, junto con otros sesenta gremios, creó una organización paralela denominada “CGT Celeste y Blanca”.

“Interpreto que éste es un Estado peleador, que va contra todos. Creo que este gobierno va por todo: va a querer ir por las cajas de las obras sociales, que son la salud de los trabajadores. Tiene una idea férrea de llevarla adelante para destruir la organización” sindical, prosiguió.

El dirigente reclamó que “si la Presidenta, el Gobierno, el Estado en su conjunto tienen algo contra Venegas, pediría que actúen contra Venegas, pero no contra la organización (por Uatre), que son millones de trabajadores que están disfrutando de los beneficios que hemos logrado”.

“Nosotros conseguimos un 35,7 por ciento y el Gobierno nos impuso un 25. Esto es increíble, nunca ha pasado en el país”, aseguró.

Críticas. Según Venegas, “todas las medidas que han tomado hasta ahora son inflacionarias: sacarle el subsidio a las tarifas es hacer que las tarifas se liberen; el peaje ha subido el 35 por ciento; sube la luz, el gas. Esas subas son inflacionarias”.

“Si la inflación sube, hay una inflación del 27, 28 por ciento, no puede hacer discutir salarios con un techo del 18 por ciento. Sería perder el poder adquisitivo de los trabajadores. El mercado interno funciona con consumo: si le quietan el poder adquisitivo al salario, deja de haber consumo y de funcionar el mercado interno”, continuó.

Asimismo, consideró que “este Gobierno no tiene nada de peronista. Seguramente hay muchos en el Gobierno que han sido los que Perón echó de la Plaza. Cantan la marcha, pero son como el camaleón: se pintan de un color para parecer otro”.

Dijo que lo “sorprendió que (la Presidenta) haya mencionado que en el tiempo de Perón no estaba el derecho de huelga. Me sorprendió porque ella, que es una estudiosa de todo esto, sabe perfectamente que en el gobierno de Perón legisló todas las leyes en defensa de los trabajadores”.

“No había necesidad de huelga, no había conflictividad la desocupación era del 1,5 por ciento. Ataca directamente al general Perón que fue el hombre que nos dio todo, que nos dio el ser. Si hubo alguien que nos dio derechos fue el general Juan Domingo Perón”, aseveró.

Fuente: La Voz del Interior

Por primera vez en los casi 81 años de existencia de la Confederación General del Trabajo un Sindicato Médico es aceptado en el seno de la entidad sindical madre de la Argentina y, también por primera vez, organizará una actividad en su sede central. La Asociación de Médicos de la República Argentina,  AMRA – el Sindicato Médico, organiza el Primer Encuentro de Médicos Sindicalizados, cuyo eje central será “La lucha sindical médica: Obstáculos y desafíos del delegado sindical”, actividad que se realizará el próximo 29 de septiembre en la sede de la CGT.

El secretario general de AMRA, doctor Ricardo Allegretti, señaló la importancia del encuentro y sostuvo que “desde AMRA trabajamos para sindicalizar a los médicos porque la sindicalización es la puerta de entrada a los cambios laborales de los colegas. Estamos en un profundo proceso de organización de nuestra institución a nivel país y, al respecto, tenemos un programa de actividades que hemos venido cumpliendo desde hace cierto tiempo”.

El doctor Allegretti también señaló que “nuestra consigna hoy es la organización, porque necesitamos tener una institución organizada que sea capaz de ser interlocutora ante los estamentos empresariales privados y ante los Estados provinciales y nacional. Nosotros, con esto, estamos buscando que el médico tenga una representatividad, ante las paritarias o convenios colectivos de trabajo, que nunca hemos tenido. Esos problemas en su propio ámbito de tareas no sólo tienen que ver con el salario sino con las condiciones de trabajo, con la jerarquización, con el grado de escalafonamiento, con la antigüedad y, también, con un tema que está en boga en todo el país que es la violencia en muchos centros sanitario”.

El Secretario General de AMRA también destacó que “en general el médico reclamaba ante el Ministerio de Salud y nosotros decimos que el cambio de paradigma que debemos llevar adelante como organización es que nuestro referente inicial en nuestros reclamos paritarios o gremiales es el Ministerio de Trabajo, considerando al médico como un trabajador calificado que integra una asociación sindical dentro del marco de la Constitución y de la Ley”.

Asistirán al encuentro médicos de todo el país. Se adjunta detalle del evento.

Primer Encuentro de Médicos Sindicalizados, “La lucha sindical médica: Obstáculos y desafíos del delegado sindical”.

• Lugar: C.G.T. - Azopardo 802, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Sala José Ignacio Rucci
• Fecha: 29 de septiembre de 2011
• Hora: 10 a 17 horas

Programa
10:30 hs.: Acreditación.
11:30 hs.: Apertura a cargo de Autoridades de la CGT y del Secretario General AMRA, Dr. Ricardo Allegretti.
12:00 a 13:00 hs.: Mesa Redonda “El Delegado en el Contexto Actual”; con la participación de Marcelo Di Stefano (Secretario Gremial y Responsable de RRII APUBA y Secretario Ejecutivo de la CONTUA) y Silvia Mantino (Subsecretaria de Organización integrante de Secretaría de Relaciones Internacionales Consejo Nacional de UPCN. Coordinadora Centro de Prevención, Contención y Abordaje de la Violencia Laboral UPCN, Seccional Buenos Aires).
13:30 a 14:15 hs.: Receso.
14:15 a 17:00 hs.: TALLER: “Los Delegados Médicos: Obstáculos y desafíos en la cotidianeidad”.

Prensa Sindicato Médico – AMRA
amraprensa.blogspot.com

La Confederación General del Trabajo (CGT) liderada por Hugo Moyano decidió postergar para después de las elecciones presidenciales de octubre la estrategia judicial para acelerar la distribución de fondos a las obras sociales sindicales.

“Hay que esperar que pase la campaña y se tranquilicen las cosas”, señaló un referente cegetista al matutino El Cronista acerca de la determinación de Moyano de dejar en stand-by algunos reclamos de la central obrera hasta que culmine el proceso electoral.

El tema fue conversado este miércoles entre el camionero y algunos dirigentes luego de la reunión que el consejo directivo de la entidad mantuvo con el candidato presidencial del Frente Amplio Progresista (FAP), Hermes Binner.
En esa charla, si bien Moyano ratificó su determinación de ir a la Justicia por los fondos para las obras sociales, comentó que la demanda seguramente llevará unos meses de elaboración antes de ser presentada, señala el matutino.

Los gremios exigen al Gobierno la distribución de unos $9.000 millones, que contemplan los recursos depositados en el denominado Fondo Solidario de Redistribución (FSR) y los reintegros atrasados de la Administración de Programas Especiales (APE) por los tratamientos médicos de alta complejidad.

Fuente: iProfesional

Los gremios temen que les quiten el control de la plata de las obras sociales

Aunque están divididos en tres sectores –CGT, “Gordos” y CGT Azul y Blanca– los dirigentes del sindicalismo peronista comparten un mismo estado de alerta : que Cristina Kirchner, en su eventual segundo mandato, les quite el manejo de los fondos de las obras sociales sindicales. La versión de que eso es lo que se les viene circula con cada vez más fuerza entre los sindicalistas.

“Si quieren terminar de cagarnos, seguro que lo van a hacer” , se lamentó un dirigente de primera línea de la CGT.

Según se comenta en medios sindicales, el plan oficial sería juntar los fondos del PAMI, de la ANSeS y de las obras sociales en una única caja administrada por el Gobierno.

En ese esquema, las obras sociales sindicales –recaudan más de 20.000 millones de pesos por año– pasarían a ser simples prestadoras del sistema.

El actual sistema de obras sociales, en el que los gremialistas manejan los fondos , existe desde 1970. Fue creado a través de la ley 18.610, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía.

La lectura que se hace en diferentes gremios es que el plan de fondo de Cristina Kirchner es recortarle el poder al movimiento sindical para transformarlo en un simple actor más de la vida política del país.

De acuerdo con dirigentes gremiales, la primera etapa de ese plan fue el brutal ninguneo que sufrió el sindicalismo en las listas del oficialismo para las próximas elecciones.

“ Somos un factor de poder al que quieren aniquilar ”, planteó un histórico dirigente sindical. Ese dirigente recordó que el 1° de enero de 1993 el entonces presidente Carlos Menem desreguló las obras sociales: “Fue en represalia porque el 9 de noviembre de 1992 le habíamos hecho un paro general.

Para debilitarnos siempre apuntan a las obras sociales”.

Lo que se especula en ámbitos gremiales es que la Presidenta avanzaría con esta iniciativa en caso de conseguir una victoria contundente en las elecciones de octubre.

¿Y si el triunfo fuera más modesto? “Ahí seguro que les será más complicado tocarnos el culo”, interpretó el titular de una obra social sindical.

Hugo Moyano, por otro lado, se prepara para presentar a principios de agosto una demanda judicial para exigir la devolución a las obras sociales sindicales de los 10.000 millones de pesos que, según estimaciones gremiales, les adeuda la administración de Cristina Kirchner.

El camino legal elegido por Moyano genera escaso consenso dentro de la CGT. “Por esa vía lo único que se puede lograr es algo político, no que te den la plata”, comentó un dirigente.

Otro amplió: “La devolución del dinero sólo se puede conseguir con negociaciones políticas. ¿Qué vamos a embargar? ¿El sillón de Rivadavia?”.

El camionero, sin embargo, parece decidido a presentar la demanda. Más que nada por las fuertes presiones que recibe a diario de gremialistas de su sector que tienen obras sociales con graves problemas financieros.

Fuente: iEco

El dirigente gremial indicó que “las asignaciones familiares deben respetar su intención original” y las calificó como “altamente discriminatorias”, en tanto sostuvo que la central obrera procurará que “se eliminen los topes de esas asignaciones” y que “no se determinó hoy un criterio preciso respecto del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias”.

En la conferencia de prensa realizada en la sede de la CGT, en Azopardo 802, Schmid aseguró que la central obrera “le ha señalado” a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en ocasiones anteriores que las asignaciones familiares “deben respetar el concepto universal para el que fueron creadas”.

“Estamos elaborando una presentación que contemple la eliminación de los topes de esas asignaciones, que hoy establecen diferentes escalas”, afirmó el dirigente gremial, quien reseñó que cuando el salario alcanza los 4.800 pesos “dejan de pagarse”.

El también secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento consideró que ello es “discriminatorio”.

Schmid indicó que debe desarrollarse “una fórmula” para aumentarlas “de acuerdo con los ingresos”, y sostuvo que la CGT “es solidaria y considera que los trabajadores con mayores ingresos deben realizar un mayor esfuerzo”, aunque aclaró que “ello no significa anular un beneficio que fue universal”.

“El Consejo del salario mínimo es tripartito, por lo que la CGT escuchará también la postura del empresariado y, fundamentalmente, la del Poder Ejecutivo al respecto”, afirmó Schmid.

El gremialista confirmó que los asesores legales de la CGT comenzarán mañana a trabajar en las iniciativas de asignaciones y nuevo salario mínimo para cuando el Ministerio de Trabajo convoque de manera formal al inicio de las negociaciones.

Schmid destacó que la conducción “no fue convocada hoy de urgencia”, sino que se trató de una “reunión normal y en el marco de los plazos estipulados” ante la próxima reunión del Consejo.

Consultado respecto de la deuda que mantiene el Estado con las obras sociales, el sindicalista declaró que “no hubo avances”, por lo que señaló que la central obrera solicitará una nueva reunión con el ministro de Salud, Juan Manzur.

“La CGT continúa acompañando y apoyando este modelo de inclusión social porque es la garantía previa para profundizar ese camino”, respondió ante una consulta acerca del presunto malestar entre la central obrera y el gobierno nacional por el armado de las listas legislativas.

En ese sentido, el además secretario de Capacitación y Formación Profesional de la CGT fue enfático al señalar que “este gobierno es también nuestro” y concluyó afirmando que, indudablemente, “cuando se acerca el proceso electoral surgen este tipo de tensiones, pero una vez superada esa instancia es preciso tener una relación madura y seguir haciendo valer los intereses de quienes nos eligieron, los trabajadores”, concluyó.

Fuente: Telam

El titular de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, convocó sorpresivamente para este miércoles a una reunión del Consejo Directivo de la central obrera.

Será el primer encuentro oficial de la cúpula de la CGT luego del cierre de listas del Frente para la Victoria (FpV), donde el moyanismo obtuvo una baja presencia.

De acuerdo a lo publicado por el diario Clarín, en el orden del día figuran dos de los temas más sensibles en la relación entre el gremialismo y el Gobierno: el Impuesto a las Ganancias y la multimillonaria deuda del Estado con las obras sociales sindicales.

Puntualmente, en la reunión se discutirá volver a reclamar que se eleve el piso salarial a partir del cual los trabajadores comienzan a soportar el peso del impuesto.

“En muchos gremios hubo pataleo por parte de los trabajadores por los altísimos descuentos que les habían realizado con el pago del aguinaldo”, explicó al matutino un miembro del Consejo Directivo de la CGT.

Otro tema a tratar será la deuda de casi $10.000 millones que tiene el Estado con las obras sociales sindicales. Este año el Gobierno se había comprometido a saldar $1.000 millones de esa deuda en cuatro pagos de $250 millones.

“Pero hasta ahora se efectivizó uno sólo de esos pagos, mientras hay cada vez más obras sociales sindicales en problemas financieros”, detalló a Clarín el presidente de una obra social sindical.

Ante esta realidad, se discutirá la posibilidad de que las obras sociales inicien demandas penales contra el Estado Nacional. Las demandas se presentarían en la Justicia Federal Contencioso Administrativa y serían por “restitución de fondos retenidos de manera indebida”.

El tercer tema que se tratará en la reunión de Consejo Directivo es que propuesta llevará la central sindical al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

El cuerpo -integrado por la CGT, la CTA, el Ministerio de Trabajo y los empresarios- debe definir en breve cuál será el nuevo piso salarial para los trabajadores fuera de convenio.

Fuente: iProfesional

Los sindicatos buscarán que se establezca un período de carencia antes de derivar los aportes a otra obra social o a una empresa de medicina prepaga. La intención sería fijar un plazo mínimo de permanencia de un año para los trabajadores que ingresan en un nuevo empleo, para evitar el desfinanciamiento de las obras sociales.

Durante el encuentro con Manzur, los representantes de la CGT plantearán un debate profundo sobre el funcionamiento general del sistema de salud, el rol de la Administración de Programas Especiales (APE) y la deuda que el Estado tiene con las obras sociales, según informó el diario Buenos Aires Económico (BAE).

Para los representantes gremiales, “cuando los trabajadores ingresan en una actividad, se les debería dar la obra social de esa actividad”, pero por la desregulación, automáticamente se derivan en muchos casos a otras obras sociales o empresas de medicina prepaga.

Y si bien los sindicatos no propondrán que se elimine la desregulación, pedirán que se fije un plazo mínimo de un año de permanencia antes de habilitar el cambio.

Otro de los cuestionamientos que se hacen sobre el sistema de salud es el rol de las empresas de medicina prepaga, a las que acusan de desfinanciar el sistema y eliminar el carácter solidario sobre el que se basan las obras sociales.

“Hay que buscar la forma para limitar el arrebato de las prepagas, como las carencias -períodos en los cuales no cubren a los afiliados-. No tienen que tenerlas”, según consignó uno de los representantes gremiales consultados por el matutino.

La cúpula de la CGT habría acordado pedir al Gobierno una discusión de fondo sobre el sistema de salud y que se comprometa a sostener a las obras sociales, que atienden a más de 18 millones de personas.

Por otro lado, el Estado le debe entre 7.000 y 9.000 millones de pesos del Fondo Solidario, con el que se compensan las diferencias entre grandes y pequeñas obras sociales y prepagas.

El encuentro con Manzur fue pactado el viernes pasado cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió a Hugo Moyano, titular de la CGT y anunció la suba del mínimo no imponible de Ganancias.

Fuente: NOSIS – Servicio provisto por NOSIS Laboratorio de Investigación y Desarrollo S.A.

El lunes, además de haber solicitado una reunión “urgente” con Cristina Kirchner para discutir el tema de Ganancias, la CGT había anticipado que en caso de no prosperar las negociaciones con el Gobierno por el dinero de las obras sociales, pensaba promover “demandas judiciales”.

“La CGT va a promover demandas judiciales, si no hay una mesa de negociación donde se explique con claridad el porqué de la extensa demora y para que respondan por la deuda” en la distribución de los fondos, había dicho el titular del Sindicato de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid, al término de la reunión del consejo directivo.

Schmid aseguró que son “9 mil millones de pesos” en poder de la Administración de Programas Especiales (APE) y justificó la amenaza de la CGT al señalar que “la demora en la distribución de esos fondos hace que los servicios de la salud de los trabajadores se resientan y finalmente las culpabilidades recaen en las autoridades de los sindicatos con su secuela de denuncias, descalificaciones, acusaciones y sospechas”.

El tema volvió a aparecer el viernes durante la reunión que la cúpula de la CGT mantuvo con la Presidenta y los ministros de Economía, Amado Boudou, y de Trabajo, Carlos Tomada, en la Casa Rosada.

Allí, se habría acordado que esta semana los sindicalistas serán recibidos por el ministro de Salud, Juan Manzur, para comenzar a buscar una solución a la deuda del dinero de las obras sociales.

La CGT también le planteó a Cristina durante la reunión la necesidad de eliminar el tope de 4.800 pesos a partir del cual los trabajadores no pueden cobrar las asignaciones familiares. Según señalaron a este diario fuentes sindicales, la Presidenta escuchó el reclamo pero no anticipó cuál será su respuesta.

Durante esta misma semana, Moyano había estado en la Casa Rosada para firmar la paritaria del gremio de los Camioneros por un 24 por ciento en tres cuotas. Pero siempre va por más.

Fuente: Los Andes