“Nosotros queremos una CGT colegiada, con un secretario general que interprete lo que la mayoría quiere”, sostuvo.

En diálogo con radio La Red, Lescano destacó la buena relación del movimiento obrero con el gobierno nacional porque “se ha hecho muchas cosas en beneficio de la gente, en beneficio de los trabajadores” y por lo tanto exhortó a “seguir dialogando, protegiendo y profundizando de alguna manera la justicia social”.

“Fue buena relación con el gobierno, pero de repente una pelea de Moyano, no de la CGT, de Moyano que no nos representa en la CGT en estos momentos” porque “ terminó su ciclo”, opinó el líder del sindicato de Luz y Fuerza.

Expresó que habrá que “ver de que manera nosotros podemos comenzar un diálogo productivo para que sea bueno” con el gobierno para que “se definan muchas cosas”.

Para ello sostuvo que están “en busca de definiciones” y “en muy poco tiempo hay un congreso y estamos todos unidos, hay cuatro grupos bien definidos” para “la renovación de la conducción de la CGT” y para ello cuentan con “entre cuatro y cinco candidatos”.

Fuente: CGT

El botín de la guerra entre el líder de la CGT, Hugo Moyano, y la Casa Rosada se cuenta por millones y gira en torno a las obras sociales sindicales: de un lado aseguran que hay demoras inexcusables del Fondo de Redistribución y la Administración de Prestaciones Especiales (APE) por unos 15 millones de dólares. Del otro lado, sostienen que hay que revisar en profundidad ese volumen porque una auditoría arrojó serias irregularidades en perjuicio del Estado, con troqueles falsos y beneficiarios fallecidos. En el medio están las obras sociales sindicales que actúan en San Juan, que suman decenas de miles de afiliados y esperan oxígeno financiero.

Fue tema de discusión en la última reunión de tablas de la CGT de Avenida España, según coincidieron las fuentes consultadas por Tiempo de San Juan. También señalaron que el gremio más importante en este aspecto es Sindicato Empleados de Comercio (SEC), que conducen Armando Cavalieri a nivel nacional y Raúl Ávila en la provincia. Del volumen total reclamado al Fondo de Redistribución y la APE, entre el 40 y el 50% correspondería a ese sector.

Así lo dijo el secretario general de STOTAC, Enrique Castro, uno de los más preocupados por el asunto. De los líderes sindicales consultados, sólo el camionero se atrevió a arrojar una estimación del dinero que le correspondería a su filial en San Juan: entre 100.000 y 120.000 dólares (más de 500.000 pesos), teniendo en cuenta su cantidad de beneficiarios directos e indirectos, que ronda las 7.000 personas.

Pero la obra social sindical de los camioneros no es la más importante en número de afiliados, sino OSECAC, que pertenece al SEC. “Comercio nos triplica el monto a percibir en San Juan. El dinero va según la cantidad de afiliados”, sostuvo Castro.

El propio Ávila reconoció que en San Juan tienen alrededor de 30.000 beneficiarios directos e indirectos. OSECAC es un verdadero gigante que a nivel nacional reclama una deuda de unos 180 millones de pesos, según afirmó el líder gremial, diputado provincial del Frente para la Victoria. Pero no dijo cuánto de ese dinero le correspondería a San Juan. Aseguró que no cuenta siquiera con una estimación.

Dos partes
Según Ávila, la deuda del Estado Nacional con las obras sociales sindicales incluye los reintegros de la APE, por tratamientos especiales, pero también el Fondo de Redistribución que se nutre del 10% del total recaudado cada mes por aportes y contribuciones (el 9% de cada salario, donde el trabajador pone el 3% y el empleador completa con el 6% restante). Esta recaudación, vía AFIP, termina en ANSES, que se ocupa luego de hacer el reparto en las distintas obras sociales sindicales de acuerdo a la cantidad de afiliados directos e indirectos.

Con el auge minero, la obra social de la UOCRA alcanzó unos 10.000 beneficiarios, según el secretario general del gremio, Eduardo Cabello; y la UOM unos 4.500, según informó el metalúrgico Julio Figueroa. Ninguno de los dos arriesgó un cálculo sobre el dinero que podrían recibir si la APE saldara la deuda de un día para el otro.

Los problemas son comunes. Por ley las obras sociales sindicales están obligadas a brindar cobertura al 100% en caso de prestaciones especiales como trasplante de órganos, pero con el compromiso del Estado Nacional de hacer el reintegro a posteriori. En la práctica esta devolución demora por lo menos un año.

“Es un tema nacional. Nos perjudica tanto acá como en cualquier obra social del país”, advirtió Cabello. Afirmó que el dinero demorado permitiría avanzar con el proyecto del Centro Médico de Atención Primaria (CEMAP), una clínica de consultorios externos postergada hace 4 años, que pretenden construir frente a la sede gremial.

“Nosotros damos prestaciones especiales y los reintegros llegan después de un año que se hizo la operación, o más. Estamos complicados, porque además hay empresas privadas que tampoco nos están pagando al día”, explicó Figueroa.

Si las obras sociales sindicales llegaran a retacear cobertura para estas prácticas especiales, con la justificación de la demora estatal, lloverían los recursos de amparo. De hecho, ya ocurrió en alguna oportunidad, según dijeron los sindicalistas a este medio. La Justicia obligó al gremio en cuestión sin margen de dilación.

“A veces tenemos recursos de amparo que presentan los afiliados. La obra social tiene que pagar sí o sí. Pero para juntarse con el reintegro: sangre, sudor y lágrimas. Y por el Programa Médico Obligatorio tenemos que brindar una cobertura del 100%, mientras que la Obra Social Provincia solamente el 70% y el resto lo cubren los coseguros sindicales”, protestó Ávila.

“La presidenta entregó 250 millones a cuenta, de los cuales 38 millones fueron a OSECAC y con eso se pagó a prestadores, pero no alcanzó para aumentar aranceles”, agregó el dirigente mercantil.

Quejas contra la OSP
Por lo bajo, en las reuniones de tablas de la CGT empieza a sonar recurrentemente la queja contra la Obra Social Provincia, porque pone pisos de negociación de aranceles con los colegios profesionales muy altos para las demás obras sociales sindicales.

La OSP tiene unos 120.000 afiliados y un manejo de recursos que le permite mejorar paulatinamente los pagos a las distintas prestaciones, con montos que luego se toman como parámetro para negociar con el resto de las instituciones sindicales.

“Nos está matando”, resumió un encumbrado dirigente gremial con reserva de identidad. La intención es no salir a confrontar, pero el malestar sigue en aumento.

¿Un agujero negro?
Esta semana la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un informe de auditoría que reveló serias irregularidades en la Administración de Programas Especiales (APE) y lo puso a disposición de la Justicia para que inicie la investigación correspondiente.

Según publicó el diario La Nación, entre las irregularidades figura la falta de rendición y recupero de casi 700 millones de pesos que la APE le debe a las obras sociales, más de 2 millones de pesos de gastos en prestaciones a beneficiarios que habían fallecido, troqueles de medicamentos falsos y pagos a prestadores no inscriptos en ningún registro.

Fuente: Diario Tiempo de San Juan

El titular del gremio de peones rurales, Gerónimo “Momo” Venegas, confirmó que apoyará la re-reelección de Hugo Moyano al frente de la CGT, ya que, según dijo, se trata del “secretario general para esta situación” del país.

“Creo que el perfil de Moyano en este momento encarna al secretario general para esta situación, porque Moyano que ha sostenido este gobierno durante ocho años, hoy se siente traicionado por el mismo gobierno”, afirmó Venegas.

El sindicalista adelantó que el 12 de julio próximo, cuando se defina la renovación de autoridades de la CGT habrá “muchísimos congresales que van a estar en esta línea de unidad”.

“Creo que va haber una sola lista y que el candidato a secretario general va a ser Moyano”, evaluó Venegas, en declaraciones radiales.

El sindicalista duhaldista se preguntó “qué secretario general puede confiar en este gobierno que después de haberle hecho lo que le hicieron a Moyano, piense que el gobierno va a acompañar a un secretario general a decidir por los trabajadores en la CGT”.

“Es el gobierno el que lo quiere sacar” a Moyano, evaluó el titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

Venegas, quien conformaba la llamada “CGT Azul y Blanca” que lidera Luis Barrionuevo, confirmó que su sindicato “va a estar en la CGT nuevamente” ya que, según consideró, “la unidad del Movimiento Obrero es prioridad en este momento por todas las cosas que están pasando”.

“Estamos en un país que no tiene seguridad, que cada vez hay más pobreza, que cada vez hay más desocupación y que cada vez estamos más lejos de la canasta familiar a través de la inflación que se vive”, consideró.

Sobre la posibilidad de que el titular de la UOM, Antonio Caló, busque suceder a Moyano, Venegas indicó que “en ningún momento dijo que va a ser el candidato del gobierno”.

“El gobierno está queriendo candidatear a un compañero pero lo que pasa es que al secretario general de la CGT lo elige el movimiento obrero, no el gobierno”, subrayó, y agregó: “Lo que dijo (Caló) es que quiere luchar por la unidad, que él va a ser prenda de unidad, pero ser prenda de unidad significa como en mi caso que yo también estoy luchando por la unidad, y no es mi intención ser secretario general”.

“Esta es una CGT que se pone en la vereda de enfrente, en los reclamos tenemos que estar, si no, no tiene sentido representar a los trabajadores. Nosotros tenemos que presionar para que todos estos temas se hagan realidad”, subrayó.

Fuente: Ambito

Hugo Moyano y Luis Barrionuevocomenzaron a unificar sus agendas. Los dirigentes planean un encuentro formal para principios de abril tendiente a presionar de manera conjunta por los reclamos que más los acercan: los fondos para las obras sociales y la necesidad de perforar el techo salarial que pretende fijar el Gobierno nacional para las paritarias de este año. Moyano, jefe de la CGT, apurará una alianza estratégica para lograr queBarrionuevo, que llevó medio centenar de gremios a su central «Azul y Blanca», apuntale con sus congresales el intento del camionero de ser reelecto en julio próximo.

Sindicalistas de ambos sectores multiplicaron los contactos durante el fin de semana. En un principio se llegó a hablar de un encuentro entre el camionero y el gastronómico, pero su difusión terminó de convencerlos de suspender la iniciativa. Además, Moyano prefiere esperar una señal -cada vez más improbable- de conciliación por parte del Gobierno antes de sellar un pacto con Barrionuevo que terminaría de dinamitar los puentes con el oficialismo.

Para el gastronómico, que este sábado festejó su cumpleaños número 70 en Parque Norte junto a 600 invitados (ver Charlas de Quincho), una alianza con Moyano sería pura ganancia. Sólo debería pasar por alto que en los últimos años fue ignorado por el camionero a pesar de haber posibilitado su primera elección como secretario general de la CGT. Por lo demás, unificar reclamos con el líder de la central obrera le permitiría a Barrionuevo salir del ostracismo al que lo condenaron Néstor y Cristina de Kirchner desde 2003, y montarse a la maquinaria de Moyano para encarar protestas contra el Gobierno.

Obras sociales
Los reclamos son los mismos que sostiene la inmensa mayoría de los dirigentes de la CGT. El principal de ellos, mayor distribución de fondos para las obras sociales sindicales. Una señal que terminó de convencerlos de que el Gobierno no atenderá esa demanda fue el nombramiento, la semana pasada, de una diputada santacruceña al frente de la Administración de Programas Especiales (APE), el organismo encargado de repartir $ 1.200 millones anuales entre las organizaciones de salud de los gremios.

Liliana Korenfeld, extitular de la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz durante buena parte de la gestión como gobernador de Néstor Kirchner, llegó el lunes a la gerencia general de la Superintendencia de Servicios de Salud, y dos días después Cristina de Kirchner traspasó los fondos y las funciones de la APE a su área.

La designación representó un golpe para Moyano, que mantiene en la APE a funcionarios que le reportan, pero también para el ministro de Salud, Juan Manzur, que tiene como titular del organismo a Martín Alves, un hombre de su máxima confianza. La llegada de Korenfeld sepultó las esperanzas por una agilización en el reparto de recursos de la APE y, mucho más, respecto del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que el Estado recauda entre las propias obras sociales y que acumula más de 13 mil millones de pesos.

Esa certeza agilizó los contactos entre los hombres de Moyano y de Barrionuevo. Desde ambos sectores creen posible hasta un plenario de secretarios generales de ambas CGT a mediados de abril. Para el camionero se trata de una movida arriesgada, que apunta a llamarle la atención al Gobierno pero cuya concreción terminaría por sepultar su relación con los funcionarios.

El otro eje de entendimiento entre ambos sectores es el salarial. Mientras el Ejecutivo pregona en reserva un tope salarial entre sus gremios afines de entre el 18% y el 20%, tanto en las filas de Moyano como en las del gastronómico elevan la cifra a un rango del 25 al 30 por ciento.

De prosperar la alianza, ambos sindicalistas se encaminan a montar una próxima CGT opositora, mientras que desde el Gobierno alientan la candidatura del metalúrgico Antonio Caló para suceder a Moyano. Caló cuenta con el respaldo del jefe de los mecánicos automotrices (SMATA), Ricardo Pignanelli, de los «independientes» de la CGT, como Andrés Rodríguez (estatales de UPCN) yGerardo Martínez (albañiles, UOCRA), y se cree que también de Omar Viviani, un histórico aliado de Moyano que en los últimos meses profundizó sus diferencias con el camionero.

Fuente: Mariano Martín para para Ambito Financiero

El dirigente cegetista Omar Plaini reconoció hoy que las paritarias durante el 2012 no tendrán “ni piso ni techo” y que habrá que aguardar hasta marzo para conocer el impacto que tendrán sobre el salario la quita de subsidios y subas de tasas municipales.

En tanto, el empresario plástico y ex jefe de la UIA, Héctor Méndez, admitió que las negociaciones salariales podrían generar subas de entre el “20, 21 o 22 por ciento” para este año y calificó como “un impuesto vil” el efecto que tienen las alícuotas vigentes en Ganancias para el ingreso del asalariado.

Consultado sobre las rondas paritarias para 2012, el ex titular de la Unión Industrial Argentina y presidente de la Cámara de la Industrial del Plástico señaló que “el problema es no matarse ni unos ni otros, ya que a nadie le sirve un obrero muerto de hambre y tampoco una empresa cerrada”.

Cruce. Más allá de estos conceptos, en reportajes de radio Mitre, Plaini y Méndez mantuvieron un fuerte cruce verbal que se originó luego que el gremialista calificó como “altisonante e irresponsable” la posición asumida por el empresario al que acusó de “hablar de catástrofe o tragedia el marco paritario”.

No menos duro, Méndez sugirió que el gremialista debería “ir a la escuela” y sostuvo que su actividad, la del plástico, “es un ejemplo de acuerdo salarial, así lo dice el Ministerio de Trabajo, por ello, lo que él diga no tiene importancia”.

En lo que hace a las paritarias 2012, Méndez estimó que los gremios “arrancarán en el 25 por ciento y cada cámara ofrecerá un 18 por ciento”.

“Luego nos sentaríamos y llegaríamos al 20, 21 ó 22 por ciento, la verdad es que no lo se. Es justamente parte de la negociación, que es ceder y renunciar un poco a algo”, explicó.

Consultado sobre una readecuación de la alícuota vigente en el Impuesto a las Ganancias, el empresario sugirió que desde el Estado “no se puede pedir un sacrificio, si yo no lo hago: es un tema ético”.

“El impuesto sobre el trabajo es un impuesto vil, no tenga duda”, dijo sobre una cuestión sobre la cual la CGT mantiene desde hace meses un reclamo para que el Poder Ejecutivo ajuste, en favor de los sueldos medios y bajos, las alícuotas del Impuesto a las Ganancias.

Plaini, por su parte, recordó hoy que según las últimas declaraciones del gobierno “no había piso ni techo” para la discusión paritaria pero pidió esperar a marzo para conocer el impacto “en el bolsillo de la familia del trabajador” de la quita de subsidios y la suba de tasas en algunos municipios.

El dirigente del gremio de los vendedores de diarios y diputado nacional resaltó que un mes atrás “el propio ministro de Trabajo (Carlos Tomada) manifestó que para la discusión paritaria no había piso ni techo”.

El estrecho colaborador de Hugo Moyano en la CGT criticó también los planteos formulados por Héctor Méndez al indicar que “siempre hubo racionalidad” en las paritarias pese a que “se dicen muchas cosas y hay declaraciones altisonantes e irresponsables como las del ex presidente de la UIA, aunque finalmente todos se ponen de acuerdo” en materia de salarial.

“Entendemos que quienes están negociando ya han fijado alguna aspiración, pero por la quita de subsidios no sabemos cual va a ser el impacto en marzo en el bolsillo de la familia del trabajador y varios municipios han subido las tasas”, acotó Plaini.

Fuente: La Voz del Interior

El reclamo al Gobierno por la deuda con las obras sociales es uno de los tantos que Hugo Moyano lanza cada vez que puede. Pero, a diferencia de otros pedidos como la ley de reparto de las ganancias y la suba del mínimo no imponible, esta cuestión podría terminar en la Justicia. Las duras palabras que hoy emitió Moyano tampoco permiten descartar una importante movilización por ese tema.

Desde la CGT hubo amenazas de activar una demanda judicial. Hoy, al referirse a ese tema, Moyano amenazó: “Vamos a hacer un reclamo tan firme que van a tener que dar respuesta”.

“En poco tiempo más empieza la cesación de pagos de las obras sociales y cuando esto ocurra, los trabajadores no vamos a aceptar que se lucre”, dijo el camionero, en un tono que refuerza la posibilidad de movilizar a los trabajadores.

12.000 millones
Se trata de una deuda millonaria, que, según los gremialistas, el Estado mantiene con las obras sociales sindicales. Según los sindicatos, son 12.000 millones de pesos. Dicen, además, que el Gobierno se había comprometido a pagar $ 1000 millones durante 2011, pero apenas abonó $ 250 millones.

La mayor parte de lo que calculan los gremios proviene del aporte obligatorio que se les retiene a los trabajadores. El resto surge de los tardíos reintegros de prestación de servicios de alta complejidad que se brindan a través de la Administración de Programas Especiales (APE).

En la última reunión de la CGT, Moyano recordó que, en particular, la obra social de Camioneros ya le inició dos juicios a la Superintendencia de Seguros de Salud por un déficit que alcanzaría los $ 600 millones.

Un tema que une al gremialismo
La supuesta deuda con los gremios hizo los sectores internos de la CGT dejen a un lado sus diferencias. La preocupación motivo recientes contactos entre moyanistas, “independientes”, y el sector de “los Gordos”, históricamente enfrentados.

Incluso, el tema de las obras sociales es uno de los pocos temas en los que coincide el moyanismo y el sector liderado por Gerónimo Venegas, titular del sindicatos de peones rurales (Uatre). Esta semana, Venegas lanzó: ” Este gobierno no tiene nada de peronista. Va a querer ir por las cajas de las obras sociales y quitarles las conquistas a los trabajadores “. Incluso, a pesar de su histórico enfrentamiento a Moyano, el gremialista rural no descartó reunirse con el camionero.

Es que los gremios anhelan que el Estado se haga cargo del pago de los tratamientos más complejos que hoy afrontan las obras sociales sindicales a través de la APE, un ente descentralizado del Ministerio de Salud, que quedó bajo la lupa por la causa de la mafia de los remedios.

En el acto de hoy, Moyano cuestionó a esa investigación judicial, en la que hoy se ordenó la liberación del secretario general del gremio bancario, Juan José Zanola.

“Quisieron crear un manto de sospecha en toda la dirigencia gremial, en la relación que tienen las obras sociales con los trabajadores, y la responsabilidad que tenemos”, lanzó..

QUÉ PIDE LA CGT

• La deuda a las obras sociales. Le reclama al Estado una millonaria deuda. Hubo amenazas de activar una demanda judicial. Según los sindicatos, la deuda sería de 12.000 millones de pesos.
• Reparto de las ganancias. Insiste en que al menos se considere en el Congreso y se trate el proyecto de ley de reparto de las ganancias entre los trabajadores.
• Impuesto a las ganancias. Elevar el tope del mínimo no imponible a las ganancias. La CGT anhela aumentar a $ 12.800 el umbral a partir del cual se paga el tributo.
• Asignaciones familiares. Eliminar o, en su defecto, elevar el tope de los salarios para el pago de las asignaciones familiares por hijo.
• Paritarias sin piso ni techo. Pide que no se fije un porcentaje a las subas salariales de 2012.

Fuente: La Nacion

El titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), Gerónimo “Momo” Venegas, exhortó esta mañana a la unificación de la CGT al advertir que el gobierno de Cristina Fernández buscará “quitarle conquistas a los trabajadores” y “va a querer ir por las cajas de las obras sociales, que son la salud de los trabajadores”.

“Nos tenemos que preparar para lo peor. El movimiento obrero se tiene que unificar, tiene que haber una sola CGT con todo el poder para defender las conquistas de todos los trabajadores que hemos logrado en todos estos años y esencialmente en el gobierno de (Juan) Perón”, sentenció.

Roces. El sindicalista, por Radio Mitre, advirtió que “va a haber enfrentamiento y roces” con los integrantes de la agrupación kirchnerista La Cámpora, que viene ganando lugares de poder en la Casa Rosada, e insistió que “el movimiento obrero se debe unificar para esperar lo peor de este Gobierno, que es quitarles conquistas a los trabajadores”.

La Confederación General del Trabajo se resquebrajó en 2008: luego de que el camionero Hugo Moyano fuera reelecto como titular de la central obrera, el gastronómico Luis Barrionuevo abandonó la sede de Azopardo y, junto con otros sesenta gremios, creó una organización paralela denominada “CGT Celeste y Blanca”.

“Interpreto que éste es un Estado peleador, que va contra todos. Creo que este gobierno va por todo: va a querer ir por las cajas de las obras sociales, que son la salud de los trabajadores. Tiene una idea férrea de llevarla adelante para destruir la organización” sindical, prosiguió.

El dirigente reclamó que “si la Presidenta, el Gobierno, el Estado en su conjunto tienen algo contra Venegas, pediría que actúen contra Venegas, pero no contra la organización (por Uatre), que son millones de trabajadores que están disfrutando de los beneficios que hemos logrado”.

“Nosotros conseguimos un 35,7 por ciento y el Gobierno nos impuso un 25. Esto es increíble, nunca ha pasado en el país”, aseguró.

Críticas. Según Venegas, “todas las medidas que han tomado hasta ahora son inflacionarias: sacarle el subsidio a las tarifas es hacer que las tarifas se liberen; el peaje ha subido el 35 por ciento; sube la luz, el gas. Esas subas son inflacionarias”.

“Si la inflación sube, hay una inflación del 27, 28 por ciento, no puede hacer discutir salarios con un techo del 18 por ciento. Sería perder el poder adquisitivo de los trabajadores. El mercado interno funciona con consumo: si le quietan el poder adquisitivo al salario, deja de haber consumo y de funcionar el mercado interno”, continuó.

Asimismo, consideró que “este Gobierno no tiene nada de peronista. Seguramente hay muchos en el Gobierno que han sido los que Perón echó de la Plaza. Cantan la marcha, pero son como el camaleón: se pintan de un color para parecer otro”.

Dijo que lo “sorprendió que (la Presidenta) haya mencionado que en el tiempo de Perón no estaba el derecho de huelga. Me sorprendió porque ella, que es una estudiosa de todo esto, sabe perfectamente que en el gobierno de Perón legisló todas las leyes en defensa de los trabajadores”.

“No había necesidad de huelga, no había conflictividad la desocupación era del 1,5 por ciento. Ataca directamente al general Perón que fue el hombre que nos dio todo, que nos dio el ser. Si hubo alguien que nos dio derechos fue el general Juan Domingo Perón”, aseveró.

Fuente: La Voz del Interior

Por primera vez en los casi 81 años de existencia de la Confederación General del Trabajo un Sindicato Médico es aceptado en el seno de la entidad sindical madre de la Argentina y, también por primera vez, organizará una actividad en su sede central. La Asociación de Médicos de la República Argentina,  AMRA – el Sindicato Médico, organiza el Primer Encuentro de Médicos Sindicalizados, cuyo eje central será “La lucha sindical médica: Obstáculos y desafíos del delegado sindical”, actividad que se realizará el próximo 29 de septiembre en la sede de la CGT.

El secretario general de AMRA, doctor Ricardo Allegretti, señaló la importancia del encuentro y sostuvo que “desde AMRA trabajamos para sindicalizar a los médicos porque la sindicalización es la puerta de entrada a los cambios laborales de los colegas. Estamos en un profundo proceso de organización de nuestra institución a nivel país y, al respecto, tenemos un programa de actividades que hemos venido cumpliendo desde hace cierto tiempo”.

El doctor Allegretti también señaló que “nuestra consigna hoy es la organización, porque necesitamos tener una institución organizada que sea capaz de ser interlocutora ante los estamentos empresariales privados y ante los Estados provinciales y nacional. Nosotros, con esto, estamos buscando que el médico tenga una representatividad, ante las paritarias o convenios colectivos de trabajo, que nunca hemos tenido. Esos problemas en su propio ámbito de tareas no sólo tienen que ver con el salario sino con las condiciones de trabajo, con la jerarquización, con el grado de escalafonamiento, con la antigüedad y, también, con un tema que está en boga en todo el país que es la violencia en muchos centros sanitario”.

El Secretario General de AMRA también destacó que “en general el médico reclamaba ante el Ministerio de Salud y nosotros decimos que el cambio de paradigma que debemos llevar adelante como organización es que nuestro referente inicial en nuestros reclamos paritarios o gremiales es el Ministerio de Trabajo, considerando al médico como un trabajador calificado que integra una asociación sindical dentro del marco de la Constitución y de la Ley”.

Asistirán al encuentro médicos de todo el país. Se adjunta detalle del evento.

Primer Encuentro de Médicos Sindicalizados, “La lucha sindical médica: Obstáculos y desafíos del delegado sindical”.

• Lugar: C.G.T. - Azopardo 802, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Sala José Ignacio Rucci
• Fecha: 29 de septiembre de 2011
• Hora: 10 a 17 horas

Programa
10:30 hs.: Acreditación.
11:30 hs.: Apertura a cargo de Autoridades de la CGT y del Secretario General AMRA, Dr. Ricardo Allegretti.
12:00 a 13:00 hs.: Mesa Redonda “El Delegado en el Contexto Actual”; con la participación de Marcelo Di Stefano (Secretario Gremial y Responsable de RRII APUBA y Secretario Ejecutivo de la CONTUA) y Silvia Mantino (Subsecretaria de Organización integrante de Secretaría de Relaciones Internacionales Consejo Nacional de UPCN. Coordinadora Centro de Prevención, Contención y Abordaje de la Violencia Laboral UPCN, Seccional Buenos Aires).
13:30 a 14:15 hs.: Receso.
14:15 a 17:00 hs.: TALLER: “Los Delegados Médicos: Obstáculos y desafíos en la cotidianeidad”.

Prensa Sindicato Médico – AMRA
amraprensa.blogspot.com

La Confederación General del Trabajo (CGT) liderada por Hugo Moyano decidió postergar para después de las elecciones presidenciales de octubre la estrategia judicial para acelerar la distribución de fondos a las obras sociales sindicales.

“Hay que esperar que pase la campaña y se tranquilicen las cosas”, señaló un referente cegetista al matutino El Cronista acerca de la determinación de Moyano de dejar en stand-by algunos reclamos de la central obrera hasta que culmine el proceso electoral.

El tema fue conversado este miércoles entre el camionero y algunos dirigentes luego de la reunión que el consejo directivo de la entidad mantuvo con el candidato presidencial del Frente Amplio Progresista (FAP), Hermes Binner.
En esa charla, si bien Moyano ratificó su determinación de ir a la Justicia por los fondos para las obras sociales, comentó que la demanda seguramente llevará unos meses de elaboración antes de ser presentada, señala el matutino.

Los gremios exigen al Gobierno la distribución de unos $9.000 millones, que contemplan los recursos depositados en el denominado Fondo Solidario de Redistribución (FSR) y los reintegros atrasados de la Administración de Programas Especiales (APE) por los tratamientos médicos de alta complejidad.

Fuente: iProfesional

Los gremios temen que les quiten el control de la plata de las obras sociales

Aunque están divididos en tres sectores –CGT, “Gordos” y CGT Azul y Blanca– los dirigentes del sindicalismo peronista comparten un mismo estado de alerta : que Cristina Kirchner, en su eventual segundo mandato, les quite el manejo de los fondos de las obras sociales sindicales. La versión de que eso es lo que se les viene circula con cada vez más fuerza entre los sindicalistas.

“Si quieren terminar de cagarnos, seguro que lo van a hacer” , se lamentó un dirigente de primera línea de la CGT.

Según se comenta en medios sindicales, el plan oficial sería juntar los fondos del PAMI, de la ANSeS y de las obras sociales en una única caja administrada por el Gobierno.

En ese esquema, las obras sociales sindicales –recaudan más de 20.000 millones de pesos por año– pasarían a ser simples prestadoras del sistema.

El actual sistema de obras sociales, en el que los gremialistas manejan los fondos , existe desde 1970. Fue creado a través de la ley 18.610, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía.

La lectura que se hace en diferentes gremios es que el plan de fondo de Cristina Kirchner es recortarle el poder al movimiento sindical para transformarlo en un simple actor más de la vida política del país.

De acuerdo con dirigentes gremiales, la primera etapa de ese plan fue el brutal ninguneo que sufrió el sindicalismo en las listas del oficialismo para las próximas elecciones.

“ Somos un factor de poder al que quieren aniquilar ”, planteó un histórico dirigente sindical. Ese dirigente recordó que el 1° de enero de 1993 el entonces presidente Carlos Menem desreguló las obras sociales: “Fue en represalia porque el 9 de noviembre de 1992 le habíamos hecho un paro general.

Para debilitarnos siempre apuntan a las obras sociales”.

Lo que se especula en ámbitos gremiales es que la Presidenta avanzaría con esta iniciativa en caso de conseguir una victoria contundente en las elecciones de octubre.

¿Y si el triunfo fuera más modesto? “Ahí seguro que les será más complicado tocarnos el culo”, interpretó el titular de una obra social sindical.

Hugo Moyano, por otro lado, se prepara para presentar a principios de agosto una demanda judicial para exigir la devolución a las obras sociales sindicales de los 10.000 millones de pesos que, según estimaciones gremiales, les adeuda la administración de Cristina Kirchner.

El camino legal elegido por Moyano genera escaso consenso dentro de la CGT. “Por esa vía lo único que se puede lograr es algo político, no que te den la plata”, comentó un dirigente.

Otro amplió: “La devolución del dinero sólo se puede conseguir con negociaciones políticas. ¿Qué vamos a embargar? ¿El sillón de Rivadavia?”.

El camionero, sin embargo, parece decidido a presentar la demanda. Más que nada por las fuertes presiones que recibe a diario de gremialistas de su sector que tienen obras sociales con graves problemas financieros.

Fuente: iEco